El pasado 20 de enero, David, vecino de Butarque (Villaverde), se suicidaba pocos días antes de ser desahuciado por su casero, el fondo de inversión Azora.
Pocos días después, el viernes 25 de enero, el periódico El País publicaba la noticia en la sección de Madrid. El artículo, escrito por el periodista Javier F. Barroso, viejo conocido de los movimientos sociales, decía que un hombre se había suicidado en un bloque de viviendas públicas vendidas a un fondo de inversión. Barroso, sin embargo, hablaba solo de “un fondo”, evitando conscientemente mencionar al grupo Azora y a su Socimi Lazora. La noticia del “suceso” tampoco decía nada de la lucha que David había llevado a cabo durante los años anteriores para evitar que lo desahuciaran.
Extrañamente, la noticia del suicidio fue borrada a los pocos días. Ningún otro medio se hizo eco. Al parecer, había alguien al que le incomodaba que la muerte de David se hiciera pública. Hoy esquivamos la “censura” y os contamos la historia de la lucha de David contra Azora, el nuevo Goliat del sector del alquiler.
Una lucha acabada en tragedia
En abril de 2006 David, el protagonista de nuestra historia, entró a vivir en una vivienda que la EMVS le había adjudicado en el PAU de Butarque, en Villaverde. David era técnico electricista, ingresaba entre 1.000€ y 1.600€ mensuales y pagaba 480€ al mes de alquiler. David empezó a disfrutar de la casa, pensando que iban a ser muchos los años que iba a poder estar viviendo en ella. Sin embargo, de repente, todo se torció. En mayo de 2011, David recibió, junto con el resto de vecinas, una carta de la EMVS diciendo que su bloque iba a ser subastado. Las vecinas no daban crédito.
Poco tiempo después, David y sus vecinas recibieron otra carta, esta vez de Lazora, anunciándoles que pasaba a ser la nueva propietaria del bloque. Nerviosas y con miedo a ser desahuciadas, las vecinas se organizaron en una plataforma para protestar contra la venta de sus viviendas.
Organizaron manifestaciones y protestas contra el alcalde, Ruiz Gallardón, al que consideraban responsable de la venta. Se reunieron con partidos, hicieron un blog, página de FB…Desgraciadamente, tras meses de lucha, no consiguieron lo que buscaban. Lazora iba a convertirse en su nuevo casero.
En marzo de 2016 David recibió una nueva carta de Lazora diciéndole que su contrato de 10 años con la EMVS (se lo habían subrogado) se acababa y que para firmar un nuevo contrato tenía que cumplir antes con unas condiciones económicas. Sin embargo, David se encontraba en ese momento en paro y no cumplía las duras condiciones que le exigía Lazora. Además, su familia, por razones económicas, no podía avalarle. Lazora, como no cumplía las condiciones, no quiso hacerle un nuevo contrato de alquiler. Le dijeron que no encajaba dentro del perfil económico que buscaban y que tenía que marcharse.
David, sin embargo, ni podía ni quería irse. Con sus ingresos de desempleado no podía pagarse un alquiler de mercado de 700/800€. Además, era adjudicatario de una vivienda pública: tenía derecho a quedarse en ella y a pagar lo que estaba pagando. Decidió, por lo tanto, pelear. Durante los primeros meses llevó a cabo varios intentos de negociación con Lazora pero sus ruegos no dieron resultado. Es más, viendo que David no se iba, empezaron a acosarle. Le llamaban todos los meses, le cambiaban de asesor, le amenazaban con desahucio y le presionaban. Al poco tiempo, David empezó a consignar la renta del alquiler en un Juzgado como forma de demostrar su voluntad de pago ante una posible demanda. David también acudió a la EMVS para reclamar que le concedieran de nuevo el estatus de adjudicatario. A pesar de su insistencia (iba casi todos los meses a poner una reclamación), nunca accedieron a su petición. David acabó entrando en una profunda depresión, en parte debido a la situación de estrés vivida durante estos años.
Allá por febrero de 2017 Azora interpuso una demanda en el Juzgado de 1ª instancia nº 13 de Madrid para desahuciar a David por “expiración” de contrato. Le pedían, además, una deuda de 5.600€, originada durante el tiempo de la consignación. Pese a la demanda, David siguió consignado durante 2017 y 2018, con la esperanza de que el juzgado le diera la razón. Durante ese tiempo la salud de David siguió empeorando, fruto en parte de la situación en la que se encontraba. Sabía que tenía difícil, muy difícil, seguir en su vivienda. Efectivamente, las sospechas se confirmaron. La demanda acabó prosperando y la orden de desahucio se puso en marcha. No había fecha fija, pero David sabía que antes o después iba a llegar. No aguantó más. Había luchado mucho, pero se vio sin fuerzas para seguir. El domingo 20 de enero decidió quitarse la vida en su propia casa. Dejó los grifos abiertos para que las vecinas se dieran cuenta de que algo pasaba. Alguien dio la voz de alarma cuando vio el garaje inundado. Los bomberos, que acudieron de urgencia, lo encontraron sin vida en su casa cuatro días después, el miércoles 23. Lazora había conseguido lo que quería: por fin el piso de David estaba libre para alguien más rentable.
Es lamentable que esto ocurra con el apoyo político. Tarde o temprano te descubrirán las tramas de como fondos buitres (nos sorprenderían las empresas que se esconden detrás de los fondos buitres como Lazora). Ya no sólo son viviendas, también hospitales, residencias de mayores, hoteles, etc. Es urgente aprobar una ley que para a estos carroñeros, poner límites a la inversión privada y prohibir la gestión, venta o cesión de las viviendas de protección pública a fondos de inversión inmobiliaria que buscan el máximo lucro posible por encima de los derechos básicos de los ciudadanos.
https://lazorapinto.wordpress.com