Contra la cultura de la violación y su justicia patriarcal

El pasado 26 de abril la sentencia de la Manada nos sacudió como un golpe de realidad mostrando con una claridad estremecedora que la justicia institucional no es capaz de disociarse ni lo más mínimo del sistema patriarcal que domina de principio a fin la vida de las mujeres. Algo que, si bien no debería sorprendernos, llevado a un caso concreto como este y puesto sobre el papel en cientos de crudas páginas de sentencia, no deja de ponernos los pelos de punta.

Más allá del debate jurídico sobre la tipificación de los delitos de abuso y agresión sexuales y sobre cómo es posible concluir que no ha habido violencia o intimidación (que hubieran constituido delito de agresión) tras describir unos hechos probados que hablan de que la víctima experimentó estupor, intenso agobio y desasosiego, angustia, incapacidad de reacción, etc., el debate social ha puesto sobre la mesa que el sesgo machista está presente a todos los niveles, también en la justicia.

Acusados, jueces, abogados y legisladores –hombres- han crecido todos ellos en la cultura de la violación, con una educación sexual basada en el porno y una afirmación de la masculinidad basada en el sometimiento de las mujeres, que normaliza comportamientos sexuales de dominación, que entiende el deseo como algo exclusivamente masculino y por tanto relega a la mujer al consentimiento (consentimiento interpretado de forma interesada por quien lo busca, sin necesidad de hacerse explícito) y que reafirma el status social en base a las conquistas sobre el sexo opuesto (no olvidemos que los actos de La Manada no responden a una excitación sexual, sino más bien a la satisfacción social hallada en el reconocimiento que esperaban encontrar en el grupo a la hora de compartir los vídeos demostrativos de su hazaña). Todo esto, sencillamente, es lo que lleva a que ni los acusados ni sus jueces sean capaces de reconocer en los hechos una violación, a que los delitos sexuales sean los únicos en los que se evalúen las reacciones de la víctima en vez de las de los agresores y a que no se tenga en consideración a la hora de valorar lo que es o no es intimidación o violencia la opresión de género que nos atraviesa a las mujeres, entre otras muchas cosas. Porque mientras se siga pensando que los violadores son psicópatas, enfermos o “malas personas” en vez de reconocer que las violencias machistas no son cosa de “el otro”, el machista de manual, sino que son ejercidas en mayor o menor medida por todos los hombres, ningún miembro de las manadas ni ningún juez sentirá la necesidad de revisar sus actos y sus relaciones.

En este sentido, nos preocupa la tendencia punitivista que puede tomar la oleada de rabia y de movilización feminista que esta sentencia ha desatado. Por un lado porque ahonda en esa concepción del violador como un sujeto malvado que nada tiene que ver con nuestros hermanos, amigos o compañeros de trabajo y que debería pasar su vida encarcelado. “La violencia machista, al ser puesta entre rejas, se presenta como una excepcionalidad individual, separándola de prácticas sociales y violencias cotidianas y convencionales que la posibilitan, invisibilizando el carácter histórico de la sociedad patriarcal y de la actual estructura social de relaciones de poder” (Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón, CAMPA).

Pero sobre todo, porque entrar en el discurso vengativo de endurecimiento del código penal, aumento de las penas de prisión, etc., ahonda en la lógica del propio sistema de justicia patriarcal que queremos combatir. Ante la constatación general de que la cárcel ha fracasado totalmente en su supuesta labor de reeducación y reinserción, la respuesta no puede pasar por la búsqueda del castigo y la venganza popular, reforzando un sistema punitivo que es desde su origen y en toda su construcción, patriarcal. Un sistema que sabemos perfectamente que no elimina ni reduce los delitos, a pesar de tener, en el caso español, uno de los códigos penales más duros de Europa y un mayor número de personas encarceladas. Da igual que los cinco acusados de La Manada pasen 9, 20 o 50 años en prisión, mientras nuevas hornadas de chavales sigan educándose en el patriarcado y reproduciendo las mismas relaciones machistas que posibilitan la normalización de la violencia sexual.

En palabras del colectivo en defensa de las personas presas Salhaketa Nafarroa en diciembre de 2017 (www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/el-abordaje-de-los-casos-yllanes-y-la-manada): “Si queremos que el sistema de justicia no sea patriarcal tendremos que atacar la idea misma de castigo que aborda el delito en la figura del agresor a través de un sin fin de mecanismos de violencia institucionalizada, se olvida de la víctima y lo que es más importante incluso, no incide en las razones que dieron como resultado la agresión. Es necesario pensar en alternativas desde otros lugares porque estamos buscando en la justicia penal respuestas que no podemos encontrar ahí y un ejemplo claro de esto ha sido el abordaje de la violencia de género.

Si no pensamos en otros espacios y escenarios menos violentos y con otras lógicas, otros agentes lejos de los jueces y otras alternativas que no sean la prisión solo estaremos reforzando la justicia penal patriarcal. Pero además de patriarcal, o precisamente por eso, la justicia también es clasista, racista, desigual para unos y otras… Y cuanto más se refuerce la actual justicia penal más racista, desigual, clasista y patriarcal será nuestra sociedad y más perjudicadas quedaremos todas.”

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