Un paseo por Lavapiés

Si un turista (de los que tantos abundan en la capital en estas fechas) se despista y en lugar de tomar la calle Arenal para dirigirse desde la Puerta del Sol al Palacio Real se desvía por la calle Carretas y sube hasta la plaza Tirso de Molina, podrá toparse con el barrio de Lavapiés. Alguno/a se asustaría, dado que todo lo que aparece en la prensa acerca de esta zona es que se encuentra repleta de drogas, de inmigrantes sin papeles y que la violencia está a la orden del día. Sin embargo, tras dar un par de vueltas por Lavapiés, nuestro turista (llamémosle Hans) descubre que se trata de un barrio como otro cualquiera. Sí, hay muchos inmigrantes – una ebullición de idiomas raros, rostros de todos los colores y ropajes que le parecen extraños a este señor que lleva chanclas con calcetines -, casas pequeñas y cierto menudeo de droga en algunas zonas, pero no se parece en nada al escenario ultraviolento presentado por políticos/as y periódicos[1].

Entonces, ¿por qué existe esa visión de Lavapiés en el imaginario público? La respuesta es sencilla: esta visión es interesada. Al introducir el miedo en los corazones de los habitantes del barrio, éstos acudirán al gobierno local para que de forma paternalista les proteja. De esta manera, la Delegación de Gobierno ha iniciado el Plan de Mejora de la Seguridad y la Convivencia de Lavapiés, el cual aumenta la presencia policial en la zona y busca “revitalizar” el barrio comercial y urbanísticamente.

Este Plan, fraguado en la primavera de 2012 entre la Delegación de Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid, los cuerpos de Policía Nacional y Municipal y algunos “agentes sociales” de Lavapiés (una asociación de vecinos y varias asociaciones de comerciantes), tiene – de acuerdo con la Delegada de Gobierno, Cristina Cifuentes – dos objetivos: (1) Por un lado, como decíamos antes, incrementar la presencia policial mediante un aumento “de la vigilancia a pie y motorizada, tanto a cargo de agentes uniformados como de paisano, intensificando además la coordinación policial” y, (2) por otro, revitalizar el “barrio mediante iniciativas que no sólo deben incluir medidas para la rehabilitación arquitectónica, sino también para la mejora de la integración social y la dinamización económica[2].

Dicho programa jamás se podría haber aprobado sin haber implantado antes el miedo en la población. Este pavor ha sido en gran parte dirigido por la Delegación de Gobierno (véanse todas las declaraciones de Cifuentes acerca del barrio), por la policía (un artículo de El País de hace un año recoge que “algunos agentes comparan esa tensión [vivida en Lavapiés] a la que sufrían sus compañeros destinados en el País Vasco en los peores años del terrorismo etarra”) y por los medios de comunicación, con artículos en los que hablan de “explosión de violencia” (El País, 24 de mayo de 2012) o de maquiavélicas concentraciones “para protestar contra la actuación policial” cuando tratan de “prevenir el tráfico de drogas” (La Razón, 16 de mayo de 2013). Gracias a este temor cada vez más generalizado, el pilar más importante del Plan es la “Presencia Policial Permanente”, el cual se inició en el verano de 2012.

La consecuencia del incremento de la presencia y el poder policial y de las políticas de revitalización comercial son la expulsión de estas zonas a sus habitantes considerados/as de tercera. Por ejemplo, a la población migrante. Cuando el programa de Presencia Policial Permanente cumplió su primer mes, la Delegación de Gobierno anunció que “el Plan de Presencia Permanente y los dispositivos especiales de prevención de los delitos más habituales han supuesto 80 detenciones en julio por delitos contra la salud pública, reclamaciones judiciales, infracciones de la Ley de Extranjería, y otras infracciones penales” (Europa Press, 30 de julio 2012). Es decir, incluyeron las infracciones de la Ley de Extranjería en el mismo saco que los ilícitos penales, cuando las primeras son infracciones administrativas, penalmente irrelevantes. La ley es clara: encontrarse en España de manera irregular no es un delito, y sin embargo con frases como estas se criminaliza a los inmigrantes y se reconoce abiertamente que los dispositivos policiales están deteniendo a personas que no han cometido delito alguno.

Otro de los objetivos en el punto de mira del gobierno, aparte de los/as migrantes, toxicómanos/as y marginados/as, son los famosos “antisistema”. Cifuentes, al anunciar la creación del Plan, declaró que “en este momento la Policía tiene dificultades para intervenir como consecuencia de la actuación de determinadas personas que se autodenominan brigadas vecinales [haciendo una clara alusión a las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos, www.brigadasvecinales.org] y que en ocasiones lo que hacen es impedir la propia actuación de la Policía frente a los delincuentes habituales que puede haber en el barrio”. También explicó que determinados espacios – como los centros sociales okupados – son un nido de antisistema “muy radicales” y peligrosos.

Da la impresión de que el Plan de Seguridad, más que garantizar la seguridad, servirá para deshacerse de algunos de los elementos indeseables del barrio. Éste es su verdadero objetivo; el interés tras el miedo infundido.

Pero no toda la gente que habita en esta zona de Madrid se conforma con este estado de las cosas. Si Hans, el turista, hubiera tenido la suerte de perderse por Lavapiés el pasado 8 de agosto, el primer día de las fiestas del barrio, podría haberse topado con los festejos alternativos organizados por la Asamblea del Barrio en el Solarpiés o Solar liberado. Dicho espacio, que se encuentra en la calle Valencia nº 8, lleva años en estado de abandono y fue ocupado hace un año por un grupo de vecinos/as para poder realizar actividades en él y dotarle de vida. En él se organizan talleres, charlas, cines de verano y hasta un huerto urbano. El 8 de agosto, a modo de pregón con motivo del comienzo de las fiestas, dos miembros de la Asamblea leyeron en un ambiente festivo el siguiente comunicado en el cual declaraban quiénes son las personas non gratas de Lavapiés:

Hoy en día la libertad, la verdad y la justicia se hallan asediadas por tantos enemigos que la tarea de desenmascararlos a todos se plantea titánica. Sin embargo es necesario un esfuerzo más si aspiramos a dejar de ser ciudadanos administrados y queremos empezar a ser libres. Ya sean monstruos, fantasmas o meros burócratas, no podemos dejar de ponerles nombre y cara a quienes nos roban la vida y a los que les defienden y justifican. Por eso hoy, desde este cachito de libertad y de autonomía conquistado por y para las vecinas del barrio (y de todos los lugares del mundo), señalamos a algunos de esos enemigos de la libertad, de la verdad y de la justicia, perfectos demócratas que cumplen con eficacia su tarea y cuya inquina hacia este barrio y su desprecio hacia quienes lo habitan llevamos años padeciendo. Aunque nuestra paciencia ya rebasó su límite…

Por ello esta noche, la Asamblea Popular de Lavapiés declara a Francisco Javier Barroso, periodista de El País, persona non grata en este barrio:

– Por mentir reiteradamente acerca de este barrio y de sus gentes presentando un escenario de violencia apocalíptica que no existe más que en sus sueños y en las series de televisión norteamericanas que tanto le deben gustar.

– Por contribuir entusiastamente desde las páginas del diario independiente de la mañana a la criminalización de los movimientos sociales de Madrid.

– Por no molestarse siquiera en revisar o corregir los comunicados policiales que le pasan desde la Brigada de Información de Moratalaz para que firme y publique como si de investigaciones periodísticas se tratase.

– Por ser tan cobarde y miserable como para no rectificar y pedir perdón cuando se descubren sus torpes mentiras, como sucedió con ocasión del video de los tiros al aire en la calle Amparo[3], que desmintió punto por punto su versión de los hechos.

Por todo ello, la Asamblea Popular de Lavapiés declara a Francisco Javier Barroso persona non grata en este barrio.

Daniel Peña, Rector de la Universidad Carlos III de Madrid, también es declarado persona non grata en el barrio:

– Por explotar laboralmente a los trabajadores de la Universidad y despedir y reprimir a aquellos trabajadores que reivindican sus derechos y luchan por ellos.

– Por su complicidad y responsabilidad en los recortes en la educación pública.

– Por contribuir a la destrucción de Madrid y del barrio con proyectos gentrificadores[4] como el nuevo campus de Puerta de Toledo.

– Porque queremos una universidad popular que responda a los intereses de la gente y no una universidad elitista al servicio de las multinacionales.

Por todo ello, la Asamblea Popular de Lavapiés declara a Daniel Peña persona non grata en este barrio.

Y, por último, Cristina Cifuentes, Delegada del Gobierno en Madrid, también es tachada de persona non grata en Lavapiés:

– Por ser la responsable directa de la represión de todo tipo a la que están sometidos los movimientos sociales y políticos de Madrid.

– Por su desprecio por la libertad y por la vida humana, demostrados, para nuestra desgracia, en cada carga policial y cada tortura en calabozos.

– Por su reconocido odio a este barrio y en general a todos los barrios obreros y combativos de Madrid.

– Por sus montajes político-policiales, algunos de los cuales han tenido como víctimas a vecinos de este barrio.

– Porque queremos saber dónde se esconde su marido[5].

– Porque todas tiramos de la palanca, todas rodeamos el Congreso, todas somos Alfon, todas somos migrantes sin papeles y todas sufrimos antes o después la violencia cotidiana de las fuerzas de represión del Estado.

Por todo ello, la Asamblea Popular de Lavapiés declara a Cristina Cifuentes persona non grata en este barrio.

En el Solar liberado de la Asamblea Popular de Lavapiés”.

Cada vez que se leía el nombre de una de estas personas (Barroso, Cifuentes y Peña), una militante de la asamblea reventaba con un palo un globo en el que se encontraba la cara de cada uno de estos personajes, ante los aplausos y vítores de unas quinientas personas.

Por desgracia, la próxima vez que Hans regrese a Madrid, el Solar liberado probablemente ya no exista. En junio de este año, el IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid), propietario del solar, comunicó a miembros de la Asamblea del barrio el inicio del procedimiento de expulsión del espacio. La Comisión Legal de la Asamblea de Lavapiés interpuso un escrito de alegaciones y posteriormente un recurso de reposición contra la resolución, pero ambos fueron desestimados. El desalojo se iba a producir a finales del mes de julio, pero una veintena de miembros de la Asamblea se concentraron en el interior del edificio del IVIMA y mediante la presión lograron que el equipo jurídico se comprometiera a no llevar a cabo ninguna diligencia hasta septiembre. Por tanto, lograron postergar el desalojo, pero su ejecución es inminente.

 

Más información acerca del futuro del Solar liberado en www.lavapies.tomalosbarrios.net y sobre el Plan de Seguridad de Lavapiés en un número monográfico de esta publicación que saldrá a la calle próximamente (se podrá leer en internet en www.todoporhacer.org)


[1] A modo de ejemplo, la Delegada de Gobierno, Cristina Cifuentes, dijo que en Lavapiés existen “delincuentes habituales que hacen imposible la convivencia entre los vecinos”.

[2] Cifuentes dixit.

[3] En el verano de 2012, unos policías de paisano dispararon al aire en Lavapiés mientras detenían a unos manteros desarmados.

[4] Gentrificación es un proceso por el cual se desplaza a la población autóctona de una zona y se la reemplaza por otra de mayor nivel adquisitivo y/o cultural, encareciendo la región.

[5] El marido de Cifuentes, Francisco Javier Aguilar Viyuela, se encuentra en averiguación de paradero, puesto que un juzgado le reclama el pago de 45.085 euros a uno de los empleados/as que despidió cuando su estudio de arquitectura se fue a pique.

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