Las 1.014 personas que denunciaron torturas en 2017 y los motivos para ser pesimistas respecto de 2018

A principios del mes pasado Pedro Sánchez anunció quién conformaría su nuevo gobierno. “Ha llegado la guapocracia”, bromeaban algunas personas en Twitter. A la esperada recompensa de quienes habían sido fieles a su líder (José Luis Ábalos, Margarita Robles) se le unía alguna sorpresa (Pedro Duque, Josep Borrell) y algún que otro sorpresón (Màxim Huerta, que siempre será recordado como el Ministro con el cargo más breve de la historia). Pero ningún nombramiento nos ha preocupado más, ni ha levantado más ampollas (ya sea entre quienes llevan años denunciando sus tácticas, como entre Ciudadanos, que han visto cómo les han robado a su candidato predilecto) que el del juez Fernando Grande-Marlaska al recibir la cartera de Interior.

Grande-Marlaska y las denuncias por torturas

Me dicen que tengo que hablar y me empiezan a quitar la ropa hasta dejarme totalmente desnuda. Estando desnuda me echan agua fría por encima. Me vuelven a poner la bolsa hasta tres veces seguidas. Estando desnuda, me ponen a cuatro patas encima de una especie de taburete. Me dan vaselina en el ano y en la vagina y me meten un poco un objeto. Sigo desnuda y me envuelven en una manta y me dan golpes. Me agarran, me zarandean y me levantan del suelo”. Así describió Beatriz Etxebarria su paso por comisaría tras ser detenida por la Guardia Civil en 2011. Su caso le valió al Estado español una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no investigar debidamente su denuncia de torturas. El juez que ordenó su detención no hizo caso a sus palabras, ni investigó todo lo que alegó, ni dedujo testimonio para que otro juzgado lo investigara. Se trataba de Fernando Grande-Marlaska, por aquel entonces magistrado de la Audiencia Nacional.

Y no se trata de la única condena impuesta desde Estrasburgo por no investigar como Dios manda las torturas. Desde 2004, el TEDH ha condenado hasta en nueve veces al Reino de España por esto mismo y, de todas ellas, seis tuvieron como juez instructor a Marlaska. Seis de nueve. Un porcentaje elevado.

En total, el ahora ministro de Interior acumula 223 casos de detenidas en operaciones contra ETA que pasaron por su despacho y denunciaron torturas. Y la aplicación del Protocolo de Estambul (un conjunto de normas internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias, adoptado por la ONU en el año 2000) ha acreditado varias de ellas.

Coincidiendo con el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura (26 de junio), la abogada vasca Amaia Izko, en una rueda de prensa organizada por Sortu, aseguró que el ahora responsable de Interior “no estableció ninguna medida que evitara que fueran torturadas o que las protegiera del maltrato”. Y denunció que “pese a que en muchos casos las personas detenidas pasaran frente a él notablemente destrozadas, pese a que decenas de ellas denunciaran ante él haber sido torturadas, Marlaska siempre miraba a otro lado o actuaba, según relatan estas personas, con absoluto desprecio”.

Torturas en el Estado español en el 2017

No debemos olvidar que la tortura no es, ni mucho menos, un fenómeno exclusivamente vinculado a la Audiencia Nacional, ni una cosa del pasado. Y es que por decimocuarto año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) ha emitido su informe anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia conocidos en el Estado español, manteniendo los mismos criterios que en los informes anteriores con el objeto de facilitar una perspectiva sobre la evolución de la práctica de la tortura en este Estado.

Presentación del informe en la antigua cárcel Modelo de Barcelona

El Informe de este año, relativo al 2017, recoge 224 situaciones en los que se ha producido algún tipo de maltrato o tortura a cargo de un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, que buscó infligir algún tipo de sufrimiento con la intención de obtener información, o castigar a una persona por un acto que piense que haya podido cometer. En estos 224 casos se han visto afectadas 1.014 personas, cuatro veces más que el año pasado1. ¿La razón de este incremento? La represión al Procés. 619 de estas 1.014 personas denuncian haber sufrido malos tratos a manos de la policía en Catalunya, la gran mayoría durante movilizaciones relacionadas con el derecho a la autodeterminación. Sólo el 1 de octubre 336 personas denunciaron haber sufrido algún tipo de agresión a manos de la Policía Nacional y 205 de la Guardia Civil.

¿Significa esto que en 2017 se produjeron más malos tratos que en otros años? ¿O es que la gran movilización popular de octubre animó a más gente a denunciar lo que les había sucedido? Probablemente lo segundo.

Por lo demás, la segunda comunidad autónoma que más personas afectadas aglutinó fue Madrid (102 personas) y en todo el Estado español se documentaron 55 muertes bajo custodia en este año.

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La información utilizada para escribir este artículo se ha obtenido del artículo “Más de 200 detenidos en operaciones judiciales ordenadas por Marlaska denunciaron torturas”, escrito por Danilo Albin (Público, 26 de junio) y del Informe sobre la Tortura en el Estado español en el 2017 (disponible para su descarga en www.prevenciontortura.org).

Para leer sobre la tortura que se produce en otros países del mundo recomendamos el artículo “La tortura que pervive en las cárceles en el siglo XXI”, escrito por Ana Bernal-Triviño (Público, 27 de junio).

1El los 14 informes presentados por la CPDT entre los años 2004 y 2017 se han conocido 3.602 situaciones de tortura o malos tratos en las que 9.085 personas se han visto afectadas.

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