Tierras comunales y Concejos abiertos
Un amplio sector de la población mantiene inconsciente o conscientemente una analogía errónea entre el concepto «comunal» y «municipal». Esa confusión es en la mayoría de los casos interesada y fomentada desde el poder. En zonas rurales tal confusión puede ser letal para los intereses vecinales. Comunal es un régimen especial de gestión directa de los/as vecinos/as de bienes muebles y sobretodo inmuebles, de carácter ancestral. Lo que está bajo gestión comunal no puede ser enajenable y su explotación no puede ser nunca exclusiva para un individuo o una institución. Lo municipal es lo que depende de la gestión de los ayuntamientos, que no son los/as vecinos/as, sino los gobiernos locales cuyos intereses no son los mismos que los de los/as vecino/as por mucho que se diga lo contrario.
El sistema comunal fue una de las piezas claves en la dinámica socioeconómica y reproductiva de las sociedades rurales. Aporta a los/as vecinos/as materiales de construcción, combustible, forraje y aportes complementarios a la dieta. Desde antiguo se conoce este sistema como «régimen de procomún», que ya existía en España desde el siglo IX como continuidad del derecho germánico. Los comunes tenían unos fueros otorgados por el rey que les defendían de los atropellos de la Iglesia y los señores.
Los comunes fueron casi destruidos por la burguesía que se desarrolla en España entre los siglos XVIII y XIX, con el apoyo del Estado y las instituciones estatales como los ayuntamientos, nacidas al amparo de esa burguesía para protegerles en sus negocios. De esta manera las diferentes desamortizaciones llevadas a cabo en este periodo consiguieron que espacios de gestión comunal pasaran a manos privadas. También el Estado se benefició ilegítimamente de esos espacios de propiedad vecinal.
En la actualidad la gestión comunal se reduce a montes, extensiones de bosques y pastos ganaderos. La mayoría de ellos se explotan en régimen de concejo abierto y se gestionan directamente por los/as vecinos/as.
Sin embargo se están dando casos de ayuntamientos que en la confusión entre lo comunal y lo municipal están arrebatando este patrimonio común en su beneficio para negociar y obtener recursos de los que carecen por años de derroche y falta de previsión. En los pueblos ya conocemos algún conflicto con montes forestales y pastos, o con los intentos por hacerse con la gestión del agua en algunas zonas en donde, de antiguo, el agua se administra por las propias juntas vecinales. Vemos con indignación como el procomún, esos bienes que pertenecen al pueblo, están hoy en manos privadas en la mayoría de las zonas rurales.
Denunciemos pues que los que no son del común, los privados e instituciones estatales gobernadas por la clase política arrebaten lo que pertenece y perteneció siempre al pueblo. [1]
El caso concreto del Valle de Baztán
En la Comunidad Foral de Navarra, más concretamente en el valle de Baztán, nos encontramos ante un nuevo litigio en torno a las tierras comunales. La empresa minera MAGNA S.A. pretende la apertura de una mina a cielo abierto en el municipio de Zilbeti, en una zona donde gran parte de los terrenos son de propiedad comunal.
El asunto está aún candente, mientras la gran mayoría de los partidos políticos (con la única excepción de Bildu) y muchas juntas municipales apoyan el proyecto, la Junta General del Valle del Batzán y algunos de los batzarres de la zona (una minoría) lo reprueban. La disputa anda en quien debe decidir sobre estos terrenos, todo empantanado en medio de disputas políticas.
Por su parte, el gobierno de la comunidad se ha posicionado claramente del lado empresarial, aprobando a través de un Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) las expropiaciones de aquellos terrenos necesarios para el desarrollo de la explotación minera, dejando claro que las decisiones de los/as vecinos/as quedarán en un segundo plano a no ser que coincidan con las del gobierno autonómico. Este plan actualmente se encuentra recurrido ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
El chantaje perfecto que todos esgrimen son los empleos que generará la mina, unos 12, aunque nadie habla de qué pasará cuando la mina cierre (la empresa ha reconocido que el mineral que hay en la zona no es gran calidad), los puestos de trabajo desaparezcan y la zona esté devastada. El impacto de este tipo de explotaciones sobre el territorio es desastroso, más aún teniendo en cuenta que nos encontramos ante una zona de alto valor ecológico. Pues la mina a cielo abierto no viene sola, la acompañan toda una serie de infraestructuras imprescindibles para el negocio como son pistas de transportes y viales de acceso a los tajos, ampliación de las carreteras ya existentes y la construcción de dos túneles mineros.
Frente a esta situación, es de destacar las diversas concentraciones, recogidas de firmas y alegaciones judiciales que se están llevando a cabo desde el colectivo Erdiz Bizirik y la coordinadora Monte Alduide, realizándose uno de estos últimos actos de protesta el pasado día de noche buena bajo el lema «En defensa de los comunales; ni PSIS, ni expropiaciones». Y, para finaliza, simplemente remarcar sus palabras: «En esta época de privatizaciones vergonzosas nos quieren quitar los comunales para dárselos a una empresa privada para que los destruya».
El efecto de la Minería en cielo abierto sobre el medio y sus habitantes
A pesar de que nuestra postura sobre este tema pasa por respetar los terrenos comunales, pues pensamos que es nuestro deber gestionar todo lo que nos rodea, cuidándolo y compartiéndolo entre los/as vecinos/as, no queremos terminar esta noticia sin exponer brevemente las consecuencias que este tipo de explotación tiene sobre el medio ambiente y sobre las personas.
Este tipo de minería genera, según el Instituto Nacional de Estadística el 75% de los residuos industriales en España. Por si fuera poco, las minas a cielo abierto alteran de tal forma el entorno natural que no es posible recuperar por completo el entorno, ni siquiera con la reintroducción de las especies originales.
La capa superficial natural que permanecía intacta con la extracción bajo tierra queda alterada irreversiblemente, dejando atrás un paisaje inerte. A sí mismo, los acuíferos y los cursos de agua próximos pueden resultar afectados, poniendo en peligro la fauna y flora del lugar, y el arrastre de las partículas por el agua perjudica a la agricultura, al erosionar y esterilizar las superficies de cultivo.
Además de su impacto ambiental, los problemas para la salud humana también se incrementan: los gases, polvo en suspensión, ruidos y vibraciones de la maquinaría y explosiones pueden afectar a los habitantes próximos a estas minas, en forma de enfermedades respiratorias o del sistema nervioso. Por si fuera poco las excavaciones que ya carecen de cubierta vegetal suelen acabar convertidas en vertederos urbanos.
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[1] Extraído del artículo “Comunal no es municipal. Otra vez el estado contra el pueblo” de F. Romero. Texto completo en www.alasbarricadas.org