1.- El inicio del procedimiento de expulsión de Mohamed Said Badaoiu ha puesto en evidencia, otra vez, que la Ley de Extranjería contiene disposiciones arbitrarias que permiten a la policía actuar sin prácticamente rendir cuentas a nadie y, como ha ocurrido en esta ocasión, decretar la expulsión de un activista sin un control judicial real y efectivo a pesar de sus 30 años de residencia en Catalunya, pues, en estos casos, no es de extrañar que el recurso se resuelva cuando la expulsión ya se ha producido. El artículo 54.1.a) legitima la expulsión de personas que participen en “actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público”. La amplitud de dichos conceptos permite a la Policía Nacional fundamentar dichas peticiones de expulsión a través de informes que muchas veces, por no decir siempre, suponen un ejercicio de inusual creatividad. Pero, todas sabemos que si la persona que se encuentra en su foco para ser expulsada hubiera cometido un delito y la Policía tuviera prueba de ello, no se dispondrían a elaborar un mero informe cuando podrían conseguir tanto su encierro como su posterior expulsión. Sin embargo, aprovechando la indefinición de términos como “orden público” o “seguridad nacional”, la Policía puede iniciar este procedimiento sancionador de carácter administrativo que finaliza con la expulsión contra aquellas personas que consideren incómodas por su acción política o social. En el momento que escribimos dichas palabras, Mohamed Said Badaoiu se encuentra secuestrado en un CIE, contando con el apoyo del tejido vecinal de su localidad, Reus, del movimiento antirracista y de múltiples organizaciones sociales, mientras se intenta justificar dicha situación a través de una feroz campaña islamófoba impulsada por medios de comunicación que actúan como replicadores del relato de la Policía Nacional y del Ministerio de Interior.
2.- El Defensor del Pueblo acusa al Ministerio del Interior de realizar 470 devoluciones en caliente “sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales”, durante la tragedia en la valla de Melilla. En un primer avance sobre sus investigaciones, informa de que Interior no ha facilitado todas las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del vallado y por el dron de la Guardia Civil. Además de recordarle al Ministerio que debe tener un “enfoque de derechos” en sus actuaciones, garantizar el derecho a la integridad física y moral de las personas migrantes, reforzar los dispositivos de asistencia humanitaria y sanitaria, que los agentes armados deben estar siempre identificados, etc. Las investigaciones del Defensor del Pueblo no generan responsabilidades judiciales de forma directa y aunque no dicen nada que no se supiera ya, es significativo que parte de la propia estructura del Estado reconozca que se actuó de forma violenta y que tuvieron lugar expulsiones sumarias, aunque sea de forma velada y “cortés”. Aun así, nuestra desconfianza hacia los mecanismos de control y supervisión estatales no decrece, siendo conscientes de que la única vía de reparación y justicia partirá del propio movimiento popular, de nosotras mismas, y, para ello, no podemos dejar de tener presentes a todas las víctimas de la frontera y de la policía, de uno u otro Estado.
3.- El 14 de octubre, el periódico Público publicó un amplio reportaje sobre una mal llamada “reorganización” de los centros de protección de la infancia y adolescencia de la Comunidad de Madrid. El artículo se titula «Ayuso asfixia los centros de menores para contentar a Vox y a las empresas privadas» y lo firma Marisa Kohan. El plan anunciado tiene dos objetivos claros: por un lado, avanzar en la privatización completa de toda la red de centros y recursos, y, por el otro, expulsar a los jóvenes migrantes de los núcleos urbanos, recluyéndolos en macrocentros en tierra de nadie, como ya se hizo en su momento con las cárceles. De esta forma Ayuso, pasando por encima de las necesidades y derechos de las menores, satisface las demandas racistas de la extrema derecha parlamentaria e intereses empresariales, en un sector en el que las grandes constructoras han entrado con fuerza a través de filiales que acaparan contratos públicos. Entre las medidas acordadas se encuentran el cierre del Centro de la Casa de Campo para su traslado a una zona industrial próxima al aeropuerto de Barajas, y el traslado de los menores del Centro de Primera Acogida Isabel Clara Eugenia (ICE), en el barrio de Hortaleza, a un centro situado en la carretera de Colmenar Viejo. Pero, también, el Gobierno de Ayuso pretende modificar la Ley de Servicios Sociales para dar cobertura normativa al proceso de privatización de los recursos de atención y protección. En el borrador presentado desaparece la frase que afirmaba que los centros residenciales “serán públicos y de gestión directa”. Racismo, exclusión y negocio, otro hatrick por parte de la derecha madrileña.
4.- La Policía Nacional irrumpió en una Academia mientras tenía lugar un examen de español para la expedición del título necesario para conseguir la nacionalidad. ¿Os imagináis a la Policía interrumpiendo un examen de la Universidad o de una Oposición para identificar a todos los presentes? Pues eso.