Militarismo y gobierno progre

El pasado 11 de junio, en pleno estado de alarma y mientras nos encontrábamos distraídas con la progresión en las distintas fases de la desescalada, el Gobierno publicó la undécima (suele publicarse una por legislatura a excepción de la última de Rajoy y la primera efímera de Sánchez) Directiva de Defensa Nacional, el documento principal que define los objetivos y las líneas básicas de la política de defensa del Estado: qué hay que defender, quién son los enemigos, qué papel juega la defensa militar, qué gastos se prevén, etc.

Este documento, que marca la línea a seguir del ejército español, se confecciona en oscuros despachos del Ministerio de Defensa y se firma por el Presidente, sin debate público o parlamentario alguno. Se ha aprobado sin pena, ni gloria, y casi ningún medio se ha hecho eco de él. Y, como ha sucedido con las anteriores, la nueva Directiva define un escenario de riesgos ubicuos, indefinidos, transnacionales y fantasmagóricos que, en la inmensa mayoría de su palabrería, nada tiene que ver con lo militar ni se pueden abordar desde este ámbito, a pesar de lo cual define como esencial la defensa castrense porque tiene una serie de capacidades específicas para dar respuesta mediante el uso de la fuerza a casi todo lo imaginable. Y, lógicamente, en su lista de deseos y prioridades establece la defensa militar de occidente mediante nuestra adhesión a la OTAN y la política militarista de la UE, nuestro enfoque militar hacia el intervencionismo (por cierto, llevamos invertidos más de 16.000 millones de euros en los 90 conflictos en que hemos intervenido desde tiempos de Felipe González), la consolidación de un modelo de ejército gigantista de carácter “disuasorio” (por una tasa de militares de 4,6 por cada 1.000 habitantes si sumamos ejércitos y Guardia Civil, uno de los más altos de Europa y con una ratio de 1,7 efectivos por cada mando militar, una de las más descabelladas del mundo), la promoción de la industria militar (en lo que a la venta de armas al exterior se refiere, recordemos que somos la sexta potencia mundial), un enorme gasto militar y la política del rearme permanente.

Tampoco nos puede sorprender a estas alturas que el “gobierno más progresista de la historia” de UP y PSOE haya optado por el continuismo acrítico respecto de las Directivas anteriores. Como dice Juan Carlos Rois en un artículo de El Salto, “es preocupante a su vez el desinterés ramplón de nuestras izquierdas variopintas por el abrasador y expansivo militarismo sociológico e institucional que forma parte de nuestro paisaje de rémoras y cortocircuitos para cualquier aspiración de cambio real. Tampoco, que yo sepa, nadie desde los sectores de izquierda (mucho me temo que tampoco se han enterado, ni ganas que tienen, de la publicación de esta DDN) ha levantado el dedo para protestar por la fijación de estas prioridades de la política de defensa de gobierno de Sánchez y sus adláteres. Tradicionalmente nuestras izquierdas prefieren obviar esta política, dejarla en manos de “expertos militares” y no hacer sino críticas obvias y descontextualizadas en momentos puntuales, pero sin plantear referencias alternativas, como si fuera posible alcanzar una transformación lo más maximalista imaginable en nuestras estructuras, pero con un minimalismo ridículo en lo que se refiere a lo militar”.

“No constan” elementos de ultraderecha en el ejército

Poco después de la aprobación de esta Directiva, el ejército alemán anunció que disolvía una unidad de las Kommando Spezialkräfte (fuerzas especiales) debido a la infiltración de nazis entre sus filas que, supuestamente, “urdían ataques terroristas”. Parece ser que la investigación interna empezó en 2017, cuando un soldado apodado Hannibal lideraba una red de militares y policías que se dedicaba a acumular armamento y munición supuestamente para encarar una futura guerra civil. Posteriormente, 70 militronchos fueron expulsados por difundir parafernalia nazi y poseer explosivos.

A propósito de esta noticia, el periódico Público preguntó al Ministerio de Defensa si se había investigado la posible existencia de núcleos de ultraderecha en el ejército español, a lo cual la respuesta fue que no.

Esta respuesta, sencillamente, no resulta creíble. Siempre hemos sabido de la presencia de fascistas en las fuerzas armadas y la llegada de Vox a las instituciones ha permitido su constatación. Así, dos de los doce diputados que fueron elegidos por el partido en las elecciones andaluzas tenían orígenes militares. Después, la formación de Abascal fichó a cuatro generales retirados en pocos meses. Y en municipios con bases militares, como el Poblado Naval de la Base de Rota, El Goloso y El Pardo, los votos a Vox cuadruplican los de la media nacional.

Sin duda, la disolución de la unidad en Alemania no será más que un lavado de cara para conservar la buena imagen del cuerpo en el país germano. Pero el problema es que en el Estado español ese lavado de cara no es necesario: el ejército no necesita echar a unos cuantos nazis para mejorar su imagen.

Desmilitarización como única opción

Existen distintas propuestas de desmilitarización sobre la mesa, planteadas por colectivos como Ecologistas en Acción (Política Violenta y Lucha Social, 2012) o la extinta Utopía Contagiosa. Y es que no son pocas las organizaciones que comprenden que cualquier ejército, incluso uno que no esté repleto de fascistas como el español, es un peligro para la humanidad. Sin embargo, en la actualidad nos estamos dirigiendo en la dirección opuesta, con el aumento de la presencia del ejército en la calle (durante el estado de alarma, por ejemplo) y en la sociedad. El hecho de que el gobierno ha puesto a miles de militares a disposición de las autonomías para realizar labores de rastreo del Covid nos muestra que en nuestro sistema lo que sobran son militares y lo que falta es personal sanitario.

Militares practicando una detención de una civil durante el estado de alarma
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