Cuando resulta más fácil encerrar que tratar

Desde que se aprobara en 2002 la Ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, la Comunidad de Madrid considera la drogodependencia como una “enfermedad común” y, para hacer frente a ella, puso en marcha planes de intervención en 24 Centros de Atención Integral a Drogodependientes distribuidos por su territorio.

Ahora, diez años después, la Comunidad de Madrid, a través de la Agencia Antidroga, no ha renovado el convenio de funcionamiento de cuatro centros de drogodependientes que atienden a unas 1.200 personas. Las instalaciones que dejarán de funcionar el próximo 31 de diciembre son el Centro de Tratamiento y Diagnóstico (CTD) del barrio de Usera, que gestiona Proyecto Hombre, los centros de atención integral (CAID) de Tetuán y Moratalaz, responsabilidad de Cruz Roja, y el centro de Punto Omega en Móstoles, una institución que da apoyo psicológico, social y sanitario a miles de toxicómanos/as y a sus familiares desde los años 70.

La no renovación de los contratos de las ONG se produce después de que la Comunidad de Madrid recortase un 63,34% los fondos que entrega a estas entidades durante el año 2012. La partida pasa de los 980.286 euros de 2011 a los 359.418 euros actuales.

Estas medidas se dan tras el significativo recorte de los recursos destinados al programa de Tratamiento de Menores y los Centros Socioeducativos, que supuso una drástica reducción de los/as profesionales que trabajaban en labores de asistencia social, educación y apoyo psicológico en 2009.

Asimismo, en noviembre de 2010, cerró el único recurso para mujeres: la Residencia de Apoyo a la Estabilización. Y, el año pasado, la Comunidad ya cerró la narcosala de Las Barranquillas (Villa de Vallecas) y canceló su apoyo a la Comunidad Terapéutica El Batán, gestionada por Proyecto Hombre. Sus trabajadores/as se encerraron para impedir el cese del servicio, pero la Agencia Antidroga no cambió de parecer y hoy El Batán sigue abierta gracias a voluntarios/as y extrabajadores/as (algunos, antiguos/as toxicómanos/as).

Y ante este desmantelamiento de la atención a drogodependientes, ¿cuál es el horizonte? Según la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, los centros que cerrarán ya no son necesarios porque realizan un trabajo que “ha quedado obsoleto”, a pesar de que Sanidad advierte de que la drogodependencia “ha aumentado a consecuencia de la crisis”, llegando a duplicarse la atención en algunos centros respecto de la del año pasado.

Lo cierto es que más de mil personas que estaban siendo tratadas por su dependencia de las drogas en Madrid se verán en la calle, o derivadas a centros más lejos del lugar donde hacen su vida y los/as profesionales que dirigen sus tratamientos se verán desbordados/as tras los recortes de personal. El resultado de esto lo hemos vivido en el pasado en innumerables ocasiones, en particular en la década de los 80: aumento de la delincuencia para conseguir dinero con que pagarse la próxima dosis y, eventualmente, dar con sus huesos en la cárcel.

Y todo indica que así será de nuevo en esta década: en el mes de marzo de 2012, el Consejo de Ministros aprobó una revisión y actualización del Plan de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios que supone la construcción de 46 nuevas infraestructuras penitenciarias, con una inversión de 1647,20 millones de euros que se suman a otros 1504,20 millones ya aprobados por anteriores Consejos de Ministros. Estas nuevas infraestructuras penitenciarias aportarán al sistema más de 18.000 plazas. Esto, sumado al aumento generalizado de una gran parte de las penas comprendidas en el Código Penal, evidencian que para el gobierno resulta más fácil y barato reprimir y encerrar a una persona que delinque (teniendo en cuenta o no que esa persona comete delitos a consecuencia de su adicción) que tratar de acabar con su dependencia de las drogas con un tratamiento más largo, personalizado y costoso.

Expliquemos esto más detenidamente: más de dos terceras partes de los/as presos/as en el Estado español son pobres de solemnidad. De éstos/as, un altísimo porcentaje ha delinquido a consecuencia de una fuerte adicción a las drogas. Existe, por tanto, una estrecha vinculación entre pobreza, consumo de drogas (como medio de evasión) y, en algunos casos, delincuencia, siendo los delitos más cometidos en España de tráfico de drogas o delitos contra la propiedad. Por su parte, las nuevas medidas del gobierno, lejos de reducir la desigualdad económica, profundizan en ella (reformas laborales varias, desmantelamiento del Estado del bienestar, etc.), por lo que se prevé un aumento generalizado de la delincuencia y del consumo de drogas en los próximos años, como está ocurriendo en Grecia. Pues bien, ante este panorama, lejos de intentar implementar medidas de prevención para que esto no se lleve a cabo, se reduce drásticamente el presupuesto de centros de tratamiento y se construyen nuevas cárceles.

Como escribió el fallecido Xosé Tarrío, “si me preguntaran qué es la cárcel, os respondería sin dudar que es el basurero de un proyecto socio-económico determinado, al cual arrojan todas aquellas personas que molestan dentro de la sociedad: por eso la cárcel alberga principalmente pobres”. Si hasta ahora era evidente que las prisiones no eran más que un agujero en el que esconder de la sociedad a marginados/as, ahora lo será mucho más.

La información para este artículo se ha extraído de www.madrilonia.org, la página oficial de Instituciones Penitenciarias (dependiente del Ministerio del Interior) y el libro Huye, hombre, huye de Xosé Tarrío (editado por Virus), así como algunos medios de comunicación convencionales.

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