Lavapiés se ha puesto de moda, y algunas élites, empresarios y políticos están utilizándolo para hacer negocios con el turismo y la vivienda.
Es el caso del arquitecto Javier González, que después de especular y servir de intermediario para construir el Hotel Ibis en la Plaza de Lavapiés en 2016, quiere volver a hacerlo. En este caso, ha puesto el ojo y el dinero sobre una de las plazas más famosas del barrio, la Plaza de Cabestreros o la Nelson Mandela. Ha comprado a Tomás Prada, el dueño de la pensión, el nº1 de la calle de Cabestreros (el Restaurante Baobab) y el nº 3 (la Pensión Prinoy) para derribarlos y construir un hotel “low cost”.
El plan elaborado por Javier González y Tomás Prada consiguió provocar el cierre del mítico restaurante de comida senegalesa “Baobab” en Enero del 2020. Pero para rematar este plan, había que echar a las 13 personas que se alojaban en la Pensión Prinoy, un lugar de ayuda y encuentro de la comunidad senegalesa en el barrio.
Según declaraciones de las propias afectadas, a finales de julio del 2020, Tomás y la policía se presentaron en la pensión para presionar a las personas que allí vivían a que abandonaran el lugar. Al tercer día, Tomás les cortó la luz, el agua y cerró los baños con llave. Ante estos hechos presuntamente ilegales, la Policía les aconsejó acudir a la comisaría de Leganitos para denunciarlo. Cuando llegaron, la propia policía avisó a Tomás que no había nadie dentro del edificio, y que podía proceder a cambiar la cerradura de la puerta. Acababan de dejar en la calle a 13 personas, entre ellas una persona de 80 años y una mujer embarazada de 8 meses.
Además, aprovechando que los habitantes de la pensión estaban en la comisaría, la policía detuvo a 2 personas durante 2 días por un supuesto delito de amenazas y desobediencia a la autoridad. Esta acusación, aparte de carecer de ningún tipo de credibilidad, responde más a un intento de la policía de atemorizar y castigar a las inquilinas.
Desafortunadamente, este no ha sido el único caso de desalojo ilegal en la ciudad de Madrid (recordemos el del Centro Social La Ingobernable o el proceso que sufren las vecinas del Palacio de la Infanta Carlota en Malasaña). Esta situación ilustra perfectamente cómo las leyes en los denominados “Estados de Derecho” son arbitrarias ya que se aplican, o no, dependiendo de las circunstancias y de a quién beneficie.
Estas operaciones inmobiliarias no son casualidades ni hechos aislados. Lo que está sucediendo en Lavapiés y en otros barrios que también sufren la gentrificación y turistificación, responde a una estrategia de empresarios y políticos que ha permitido crear un marco legal y cultural donde todo está permitido para hacer negocios, incluso cuando esto implica dejar a la gente sin casa.
No es razonable que los precios del alquiler en Madrid hayan subido un 33% desde el 2008 y los salarios tan solo un 6%. Con estas condiciones es imposible que nos planteemos un proyecto de vida estable. ¿Quién tiene la certeza de que en unos meses nuestros caseros no nos subirán el precio del alquiler?
Ante esta situación de sufrimiento y angustia para la gran mayoría de la clase trabajadora, los políticos se encargan de construir una imagen del barrio donde los culpables de la degradación son los “otros”, ya sean los pobres, los okupas, las personas migradas o sin hogar. Nos dicen que la solución es traer más policía, poner cámaras de seguridad y expulsar a las migrantes, pero no dicen nada de acabar con la desigualdad, la precariedad laboral o la racista Ley de Extranjería. Además, promulgan leyes que dotan de mayor importancia al “derecho” a la propiedad privada que al derecho a la vivienda.
Por otro lado están los empresarios, que gracias a su dinero e influencia comercian sin escrúpulos con una necesidad tan básica como la vivienda. En este caso queremos señalar a Javier González y Tomás Prada, que han sido los responsables de la expulsión de 13 vecinas del barrio, y del cambio que sufrirá la plaza y el barrio permitiendo la construcción del hotel.
Por último, la policía, que es quien se encarga de ejecutar las órdenes de los políticos y empresarios con métodos que se suelen basar en la coacción y en el uso de la fuerza, extralimitándose en sus funciones muchas más veces de las que aparecen en los registros oficiales. En el caso de la Pensión, las antiguas inquilinas denunciaron el comportamiento presuntamente ilegal de la policía, pero el Juzgado ha decretado el archivo de la causa recientemente. Las abogadas están en proceso de recurrir esta decisión judicial.
Su avaricia, sus negocios y el derecho a la propiedad no están por encima de nuestro derecho a un techo y a una vida digna.
No queremos que nos echen del barrio, ni que echen a nuestras vecinas. No queremos vivir en soledad, viendo cada día caras nuevas de turistas en nuestras calles y casas. Queremos que la Plaza de Cabestreros sea un espacio de encuentro y disfrute de las vecinas, no un negocio para unos pocos.
¡¡POR ENCIMA DE SUS NEGOCIOS, NUESTRAS VIDAS!!
Twitter: @ParemosHotel