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- Una nueva subida de tarifas en el transporte público madrileño

- La que se avecina: la reforma del Código Penal y la estrategia del miedo

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- Entrevista a las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos

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··· No fue un suicidio, fue un asesinato financiero ···

··· Algunas convocatorias del mes de mayo ···

Comienza mayo y no podemos dejar de plantearnos cómo vamos a seguir adelante con este panorama. El paro no deja de crecer, la reforma laboral ha terminado con la seguridad que ya pocos/as tenían de que iban a continuar trabajando indefinidamente. Mientras, las portadas de los periódicos nos hablan de desahucios, morosidad y ajustes, en definitiva, de lo jodidos/as que estamos, de nuestro reducido poder adquisitivo y de nuestras penosas condiciones de vida. Las partidas correspondientes a los organismos que “deberían” velar por nuestras necesidades se reducen drásticamente y en vez de encontrar soluciones, sólo encontramos recortes: 10.000 millones en educación y sanidad sin ir más lejos, con, entre otras medidas, el ya confirmado repago de medicamentos. De la misma manera, vemos una vez más subir el transporte en Madrid, esta vez un 11% de media, pero para nosotros/as desplazarnos es una imposición: tenemos que llegar al trabajo, tenemos que echar currículos y acudir a entrevistas.

Nuestras necesidades quedan relegadas mientras asistimos alucinados/as a una amnistía fiscal para grandes fortunas no declaradas, un guiño más a quien más tiene, a quien amasa fortunas con a saber qué actividades.

El gobierno tiene claro que todas las medidas que están adoptando nos abocan a un presente difícil y que las movilizaciones y los conflictos sociales tienen visos de ir a más. En ese sentido, y con la excusa de la pasada huelga general o de las recientes movilizaciones en Valencia, nos echan un órdago en forma de reforma del Código Penal, a base de titulares de prensa: nuevas fórmulas de atentado a la autoridad, el castigo de la convocatoria por internet de movilizaciones que degeneren en violencia (no sabemos de qué tipo), aumentos de pena del delito de desobediencia de cara a facilitar la utilización de la prisión preventiva…

Así nos quieren, encerrados/as, calladitos/as, en casa frente a la tele o encarcelados/as, lo mismo da. Mientras tanto seguirán haciéndonos la vida imposible, imponiéndonos la necesidad de un dinero que no podemos conseguir. Y nosotros/as, malviviendo. ¿Hasta cuándo?

Comienza mayo y no podemos dejar de plantearnos cómo vamos a seguir adelante con este panorama. El paro no deja de crecer, la reforma laboral ha terminado con la seguridad que ya pocos/as tenían de que iban a continuar trabajando indefinidamente. Mientras, las portadas de los periódicos nos hablan de desahucios, morosidad y ajustes, en definitiva, de lo jodidos/as que estamos, de nuestro reducido poder adquisitivo y de nuestras penosas condiciones de vida. Las partidas correspondientes a los organismos que “deberían” velar por nuestras necesidades se reducen drásticamente y en vez de encontrar soluciones, sólo encontramos recortes: 10.000 millones en educación y sanidad sin ir más lejos, con, entre otras medidas, el ya confirmado repago de medicamentos. De la misma manera, vemos una vez más subir el transporte en Madrid, esta vez un 11% de media, pero para nosotros/as desplazarnos es una imposición: tenemos que llegar al trabajo, tenemos que echar currículos y acudir a entrevistas.

Nuestras necesidades quedan relegadas mientras asistimos alucinados/as a una amnistía fiscal para grandes fortunas no declaradas, un guiño más a quien más tiene, a quien amasa fortunas con a saber qué actividades.

El gobierno tiene claro que todas las medidas que están adoptando nos abocan a un presente difícil y que las movilizaciones y los conflictos sociales tienen visos de ir a más. En ese sentido, y con la excusa de la pasada huelga general o de las recientes movilizaciones en Valencia, nos echan un órdago en forma de reforma del Código Penal, a base de titulares de prensa: nuevas fórmulas de atentado a la autoridad, el castigo de la convocatoria por internet de movilizaciones que degeneren en violencia (no sabemos de qué tipo), aumentos de pena del delito de desobediencia de cara a facilitar la utilización de la prisión preventiva…

Así nos quieren, encerrados/as, calladitos/as, en casa frente a la tele o encarcelados/as, lo mismo da. Mientras tanto seguirán haciéndonos la vida imposible, imponiéndonos la necesidad de un dinero que no podemos conseguir. Y nosotros/as, malviviendo. ¿Hasta cuándo?

En la actualidad, la utilidad y posibilidades de una huelga general han variado respecto a épocas pasadas, su capacidad de presión se ha reducido, debido a la falta de adaptación a las condiciones de los nuevos tiempos. En nuestra opinión, el día de huelga pasa por ser un momento de ruptura con la normalidad, en el que tenemos la posibilidad de encontrarnos en las calles, forjar lazos entre iguales, probar nuestra fuerza y nuestras posibilidades de actuación. Con todo, no debe perderse la perspectiva, y a pesar de estar capada desde el principio, la huelga debe tratar de interrumpir al máximo el proceso productivo. Está claro que con un solo día y avisada con antelación (favoreciendo reestructurar turnos, trabajos a realizar…) no se consigue echar atrás la reforma laboral, más aún teniendo en cuenta que todo se circunscribe en un contexto general a nivel europeo de políticas restrictivas, y con un gobierno con mayoría absoluta en el parlamento. Pero sí debe ser una ocasión para calentar el ambiente, proseguir (o empezar) con nuestra organización, probar diferentes tácticas… y ante todo, seguir empujando a nuevas movilizaciones, ya sean huelgas u otro tipo de acciones.

También es importante repasar el nuevo contexto productivo, social y económico en el que vivimos, que dista bastante del de hace 30 o 40 años, y conforme a ello replantear nuestras formas de lucha. La fábrica ha perdido su centralidad en el modelo productivo, las reconversiones hicieron mella y el actual panorama destaca por la importancia del sector servicios y por la precariedad laboral. Poco queda de las antiguas grandes concentraciones de obreros/as, de los empleos para toda la vida y de los sectores altamente sindicados. El tejido industrial está mucho más desestructurado que antes, las ETTs y las subcontratas campan a sus anchas, y aunque todos trabajen para producir el mismo bien, tienen distintos jefes y distintos convenios… a efectos prácticos no son un único personal laboral. Por otro lado, la movilidad y el transporte de las mercancías han adquirido una importancia primordial (es, junto con el alocado desarrollo de la tecnología, lo que permitió la deslocalización productiva), la velocidad es el signo de nuestra época, en las grandes ciudades los/as trabajadores/ as tenemos que recorrer grandes distancias para ir a nuestro centro de trabajo, las empresas ya no tienen grandes stocks para la producción, la cercanía que posibilita la velocidad de movimiento (en forma de carreteras o transporte aéreo) lo hace inútil.

Ante este nuevo panorama, las grandes centrales sindicales no han sabido adaptarse (o no les ha hecho falta para seguir detentando ciertas cotas de poder), aún estiman que un paro del 100% en metal o construcción es signo inequívoco de una gran huelga. Sin embargo, llega la huelga del pasado 29M, son las 7 de la mañana y a pesar de la publicidad sindical que clama paros totales en industria, las entradas a Madrid están hasta arriba de coches yendo al curro, los comercios (pequeños y grandes) están abiertos… Así transcurre gran parte del día… ¿un fracaso? Para nada, pero tampoco el éxito estrepitoso que más tarde proclamaron CCOO y UGT.

La huelga en la práctica: los piquetes

Llega el día de la huelga y aparecen los piquetes, según cierta prensa no dejan de ser hordas de trabajadores/as amedrentando al personal para conseguir sus fines políticos. Menos se hablará de las coacciones empresariales, que no hace falta que sean explícitas: ahí están los 5 millones de parados/as, el miedo al despido, la necesidad de llegar a fin de mes… eso sí que acojona y se impone por la fuerza. Pero bueno, a lo que vamos, los piquetes. Su función es informar, tomar la calle, hacer ver que estamos en huelga.

Una vez metidos en faena, otra cuestión en torno a los piquetes es el objetivo que les otorgamos, o más bien, que no otorgamos: tras una mañana entera tratando de cerrar pequeños comercios por el centro de Madrid y viendo que volvían a abrir en cuanto el piquete doblaba la esquina, nos planteamos ¿Qué estamos haciendo? ¿No hay forma de ser más útiles? Se nos ocurren algunas ideas, como centrarnos más en colapsar las calles principales de los barrios, en entorpecer el funcionamiento de los centros comerciales o grandes superficies que todos/as tenemos cerca de casa, en bloquear centrales bancarias… habrá que ir probando.

Destacamos de esta huelga la realización de piquetes nocturnos y diurnos por varios barrios y ciudades de Madrid, mostrando que la huelga no sólo está en el centro turístico de la capital y en los polígonos industriales. Las huelgas han perdido interés entre los/as trabajadores/as, y con esta descentralización se consigue mayor visibilidad y se posibilita generar más interrupción, más puntos de ruptura simultánea, más dificultad para atajar la movilización. Desde la noche de antes se va caldeando el ambiente, se recuerda que la huelga está por llegar, y ya durante la mañana se puede dialogar con nuestros/as vecinos/as que van a trabajar, recordándoles la situación en la que estamos y haciendo ver en el barrio que no estamos ante un día normal (lo que únicamente con paseos por el centro no se consigue, pues estas cosas por televisión distan mucho de causar el mismo efecto que en persona). En este ámbito, también es analizable la utilidad que podría tener que un piquete de barrio realizará previamente un pequeño esquema del trayecto a recorrer, informando a aquellas empresas de que estaremos por allí.

No hay excusas que valgan

Estamos ya acostumbradas/os a (y también hartas/os de) escuchar en cada jornada de huelga las habituales excusas esgrimidas como verdades absolutas por los/as esquiroles para justificarse. Aun siendo conscientes de las distintas realidades de cada una/o y de que hay situaciones en las que realmente secundar la huelga es jugarse mucho más que un día de sueldo, los tan escuchados “no me lo puedo permitir” y “además no servirá para nada” en la mayoría de casos ignoran (deliberadamente o no) lo que significa y lo que persigue una huelga.

Nos ha sorprendido en esta última ocasión ver cómo de repente, en el otro extremo, al llegar el día de la huelga una parte importante de trabajadores/as es demasiado “radical” como para secundarla, porque “si no es indefinida no va a cambiar nada” o porque “los sindicatos son unos vendidos”.

Respondemos de la misma forma: esta huelga (y las que vendrán) es de los/as trabajadores/as, estudiantes, desempleados/as, amas/os de casa, jubilados/as, y de toda/os las/os que nos vemos afectadas/os por esta reforma laboral y por cada nuevo ataque a nuestras condiciones de vida. Esta huelga (y las que vengan) es por nosotros/as, por nuestras/ os compañeras/os, por nuestros/as hijos/as, y no por los sindicatos. Renunciar a defenderse de estos ataques (para lo cual la huelga es una herramienta indiscutible, aunque sea sólo un paso de muchos más necesarios) por un puñado de euros, es venderse muy barato.

En cuanto al “derecho a ir a trabajar” y la “libertad” para no hacer huelga, aunque la respuesta sea más que obvia no podemos pasarla por alto, viendo lo hondo que sigue calando en tanta gente este mantra repetido hasta la saciedad por políticos/as y empresarios/as desde todos los medios a su alcance. A quien defiende con uñas y dientes este “derecho” suyo, enfrentándose a piquetes y a quien haga falta con tal de llegar a su puesto de trabajo, sólo podemos pedirle que se plantee si la libertad es verte obligado/a a ceder a los chantajes del gobierno y de tus jefes/as a cambio del sueldo de un día, que se pregunte dónde queda el derecho a trabajar los otros 364 días del año cuando no deja de aumentar el número de parados/as, que valore si está dispuesta/o a renunciar después a los derechos que puedan conseguirse con la lucha de sus compañeros/as, y, en definitiva, que se pare a pensar quién está realmente de su lado.

Más allá de los grandes días

Como ya hemos dicho, este marrón que nos han colocado con la nueva reforma laboral no se va a solucionar de la noche a la mañana, más de una huelga va a ser necesaria, pero ante todo nos va a tocar pararlo en los trabajos, con cada despido, con cada mamoneo. Y es aquí donde es imprescindible generar redes de apoyo. Con un mercado laboral que se caracteriza por estar copado de pequeñas empresas, y teniendo en cuenta que se nos escapan cada vez más las posibilidades de negociar convenios colectivos o de ir a los juzgados a reclamar, no nos queda otra que retomar con fuerza lo que siempre ha caracterizado al movimiento obrero: los piquetes, el boicot, la presión. En este sentido, la dinámica que se lleva para afrontar los desahucios nos parece aplicable (con sus variaciones, claro) a la problemática laboral. Al fin y al cabo, estas pequeñas empresas son “fáciles”

de dañar. Un boicot continuado, unos piquetes en los momentos de mayores ventas (en caso de bares o comercios) o informar de lo sucedido a la gente del barrio que conoce al/la dueño/a, pueden ser acciones suficientes para conseguir importantes resultados. Pero es imprescindible contar con los compañeros/as de fuera del trabajo, con esas redes de solidaridad que tan bien pueden funcionar.

Por otro lado, nos parece muy interesante que este tipo de temas sean tratados también desde las asambleas de barrio pues son lugares idóneos ya que posibilitan una cercanía con los problemas de los/as trabajadores/as, un conocimiento de las empresas del barrio y de sus condiciones laborales, una comunicación directa con los/as compradores/as en caso de ser algún tipo de comercio, una facilidad para informar, realizar piquetes o coordinar boicots con las empresas en conflicto… De la misma forma, que estos problemas sean parte de la asamblea permiten más fácilmente que lo laboral sea algo más dentro del conjunto de problemáticas que nos atañen (junto con el acceso a la vivienda, el deterioro de la sanidad o el acoso policial). A estas asambleas de barrio deberían poder acercase tanto vecinos/as con problemas laborales (ya sea en el barrio o fuera de él) como trabajadores/as de las empresas afincadas en la zona. Por otro lado, trabajar este tipo de de problemáticas reporta a las asambleas inmensas posibilidades reales de actuación, coordinándose, si se diera el caso con otros colectivos o sindicatos implicados en el conflicto.

A modo de conclusión

No creemos que todas estas ideas nos vayan a reportar una victoria segura, pero lo cierto es que es momento de plantar cara, hay que intentar cosas nuevas (y viejas), pero hay que hacerlo ya.

Este texto no es el principio ni el final de este debate, que creemos que debería extenderse con más aportaciones. Muchas veces acabamos cayendo en la pura inercia por falta de reflexión, por no habernos planteado seriamente qué queremos, para qué hacemos las cosas, es decir, qué objetivos nos marcamos y cómo podemos avanzar en ellos de la forma más eficiente, de cara a tener las cosas más claras en la próxima y que la excusa de la falta de tiempo no sea tal. Todo para mantenernos autónomos/as, no depender únicamente de lo que otros/as hagan y, en fin, tratar de convertir las huelgas (y cualquier otro tipo de lucha) en elementos útiles y efectivos para superar este “estado de cosas”. Habrá que poner en práctica lo que se nos ocurra en las próximas movilizaciones, probar y seguir aprendiendo, mejorando.

No queremos terminar sin hacer una mención a las cientas de personas detenidas y heridas que esta huelga ha dejado y recordamos que aún prosiguen las detenciones, como las del pasado 19 de abril en Barcelona, Tarragona y Pamplona. Y más aún queremos recordar que a finales de abril –cuando cerramos esta edición- aún hay tres personas en prisión preventiva en Barcelona en relación con esta protesta. Desde estas líneas nos queremos solidarizar con ellos/as, con sus compañeros/as, familia y amigos/as.

Durante el mes de abril, el Gobierno ha aprobado diferentes medidas encaminadas a cuadrar las cuentas del Estado siguiendo la misma filosofía de los últimos meses: gastar menos (recortes presupuestarios) y recaudar más (amnistía fiscal, subida de diferentes tasas e impuestos, introducción del repago sanitario, etc.). En este artículo vamos a hablar de todo ello.

¿Amnistía? Sí, pero para el dinero

Hace unas semanas, el gobierno acordó la apertura de un período de amnistía fiscal que finalizará en el mes de noviembre. Creemos que muchos/as nos hicimos la misma pregunta: ¿qué es eso de la amnistía fiscal? Según los/as “expertos/as”, es “una medida o conjunto de medidas aprobadas con el fin de condonar penas o sanciones de carácter civil y criminal a los contribuyentes, que admitan voluntariamente no haber pagado la deuda impositiva correspondiente a impuestos de períodos precedentes -o haberlo hecho parcialmente-, y que ahora declaran por entero”, es decir, aquellos/as que no hayan cumplido con sus “responsabilidades” fiscales tienen la posibilidad de regularizar su situación económica, en este caso, pagando una tasa impositiva del 10%, una cantidad claramente inferior a lo que hubieran tenido que pagar si no hubieran evadido.

A quienes escribimos estas líneas nos sorprende el cinismo de la clase política, capaz de tomar medidas de gracia con aquellas personas que han cometido delitos fiscales, mientras que quienes han cometido pequeñas infracciones, como hurtos o trapicheo, o aquellas condenadas por participar en alguna protesta, no reciben ninguna clemencia por parte del Estado, sino más bien todo lo contrario. De esto sacamos una conclusión: el perdón del Estado tiene precio.

Por otro lado, es preciso anotar a quién va dirigida esta medida, pues según las asociaciones de técnicos/as de Hacienda, el 75% del fraude fiscal es responsabilidad de las grandes empresas y las grandes fortunas. Lo que choca de lleno con el tópico que ha calado del autónomo que no hace facturas o la persona que hace alguna chapuza para ir tirando. Aquí quien evade es el gran capital, pues nosotros/as, los/as asalariados/as, tenemos muy complicado el escabullirnos de pagar nuestros impuestos, y el resto de trabajadores/as que sí que tienen la oportunidad, trabajan con pequeñas cantidades.

Además, el Gobierno pretende recaudar 2.500 millones de euros, pero diferentes estudios demuestran que las amnistías fiscales no obtienen los resultados esperados (ésta es la tercera que se aprueba desde la Transición), pues quienes han conseguido el dinero de una forma poco legal evidentemente muestran cierta desconfianza ante este tipo de medidas, por si pudieran provocar una futura investigación judicial, y los/as pequeños/as evasores/as poco pueden aportar a las arcas públicas. Así que el Gobierno tendrá que sacarse de la chistera otra forma de seguir exprimiéndonos.

Palos y más palos

Tras el anuncio de esta medida y de los recortados presupuestos para 2012, y sin parecer preocuparles lo más mínimo las posibles respuestas que se pudieran dar, la semana siguiente el gobierno anunciaba un nuevo recorte de nada menos que 10.000 millones de euros en sanidad y educación (7.000 en la primera y 3.000 en la segunda), que dejó en el aire durante semanas sin dar ningún detalle al respecto, como si sólo quisieran ir preparando el ambiente.

Ahora ya sabemos, como era de imaginar, que en la educación este recorte (que se suma al de más de 3.400 millones acumulado en los dos últimos años en los presupuestos) pasará por aumentar el límite legal de alumnos/as por aula (de 27 a 30 en primaria y de 33 a 36 en secundaria), no cubrir las bajas del profesorado de menos de dos semanas de duración, e imponer un mínimo de 25 horas lectivas en primaria y 20 en secundaria (hasta ahora es un máximo de 25 en primaria y 21 en secundaria). En otras palabras: echar a la calle a miles de profesores/as, una vez más. Además “sugieren” también congelar o reducir los complementos salariales, y que los centros de bachillerato puedan ofrecer sólo ciencias o letras. Todo esto, cuando el número de estudiantes en colegios e institutos ha subido en 320.000 con respecto a hace dos años. Y como de costumbre, justifican todas estas medidas como “urgentes” y “necesarias para salvar la educación pública”, y, confiando en la amnesia colectiva que saben que borrará sus palabras de la memoria asombrosamente rápido, prometen que muchos de estos recortes son coyunturales y serán revertidos cuando pase el temporal.

Por su parte, la matrícula de los estudios universitarios subirá, en la mayoría de casos, más de un 50%, lo que supone alrededor de 500 euros por curso (mucho más para quienes repitan). La excusa, la de siempre: que hasta ahora “sólo” se pagaba un 15% del coste total de los estudios (como si el resto saliera de sus bolsillos y no de los nuestros).

En cuanto a la sanidad, el pasado 19 de abril la ministra reveló las medidas previstas para el anunciado recorte. De ellas, el mayor ahorro vendrá de subir el precio de las llamadas prestaciones complementarias (farmacia, complementos nutricionales, ortoprótesis y transporte en ambulancia no urgente). El repago farmacéutico del que tanto se ha hablado (del 10% para jubilados/as que cobren pensión contributiva, y entre el 40 y el 60% para trabajadores/as en activo en función de su renta), resulta que –calculan- sólo aportará unos 160 millones de euros de ahorro, quizás por el alto coste que seguro tendrán los cambios informáticos y de tarjetas sanitarias necesarios para implantar la medida. Pero la más preocupante de las medidas, desde nuestro punto de vista, es la que atañe a las personas inmigrantes sin residencia legal: con la excusa de controlar el “turismo sanitario” ahora no será suficiente estar empadronado/a para obtener la tarjeta sanitaria, sino que será necesario tener la residencia fiscal. Es decir, que las miles de personas que residen en el Estado sin los dichosos papeles, además de soportar los abusos diarios del trabajo ilegal, la discriminación, las redadas policiales racistas, etc., ahora sólo podrán acceder al sistema sanitario para urgencias, maternidad y atención a menores.

Y viendo que por mucho que se tense la cuerda no se rompe, prueban a tirar un poco más a ver qué pasa. Por no dejarse en el tintero ninguno de los ámbitos que nos afectan en nuestro día a día, le llegó también el turno a los recibos del gas y la luz. El primero, como ya sabemos, sube un 5%, mientras que el segundo aumenta un 7% para el consumo doméstico (mayor subida cuanto más pequeño/a seas: para pequeñas y medianas empresas fue de un 4’1%, y para la gran industria de un 0’91%). Con esta subida se han reído de nosotras/os incluso más de lo habitual, ya que en realidad se trata de una subida del 21% de los peajes de la energía (que es la parte del precio que aprueba el gobierno), mientras que la otra mitad del precio, que se aprueba en subasta trimestral, bajó en la última un 7’1%. Y con esto pasamos a pagar uno de los recibos de la luz más caros de la Unión Europea.

Reflexiones

Son demasiadas cosas ya. Se están riendo de nosotros. Nos toman por estúpidas. Pero tenemos la oportunidad de demostrarles lo contrario. Vamos a por ellos. Para recuperar nuestra dignidad, por venganza, para construir otra realidad social, por lo que sea. Da igual. Hay millones de razones. Cada una tiene las suyas. Pero vamos a romper aquello que nos mantiene inmóviles, separados, aislados, asustados. A por ellos que son pocos y cobardes.

Hemos alcanzado una situación en la cual los profundos cambios que se están introduciendo son aceptados, más o menos a regañadientes, pero aceptados al fin y al cabo. Se ha normalizado y asumido un escenario de reformas y recortes, y ante cada novedad, acaba calando entre nosotras/os una resignada frustración. A pesar de que todo el mundo es consciente de la precarización creciente de nuestras condiciones de vida, no hay una respuesta masiva. Casi cada viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, recibimos el anuncio de un nuevo paquete de medidas para “hacer frente” a la actual situación de crisis económica, llegando a un punto en el que es tal la saturación de cambios que el margen de respuesta se reduce drásticamente. Cuando aún nos encontramos tratando de articular una oposición en la calle contra una recién aprobada reforma laboral, el Gobierno anuncia, por ejemplo, un enorme recorte presupuestario en el Sistema Educativo Estatal, relegando a un segundo plano del debate público la anterior medida, y lo más importante, asociando a las reformas una imagen de irreversibilidad.

Que obtenga prioridad en el escenario público aquello que acapara los titulares de prensa es consecuencia de algunos de los errores que estamos cometiendo aquellos/as que de una forma u otra tratamos de plantar cara en el contexto actual. La dificultad de elaborar una agenda propia o la imposibilidad de articular un discurso integral y radical que vaya más allá de la reivindicación netamente defensiva son puntos a los que se les debería dedicar momentos de reflexión y debate en aquellos espacios donde nos encontramos.

Aunque reconocemos que al final, y en cierta manera, es difícil no ir un paso por detrás de ellos/as, debemos disponer de las herramientas necesarias para que cuando den el pistoletazo de salida con la aprobación de alguna medida, no sean capaces de generar, al poco tiempo de haber aprobado la reforma, la sensación de que ya no hay nada que hacer.

Está claro que esto es debido, en parte, al papel que juegan los medios de comunicación, pues acaban siendo ellos quienes marcan los temas de conversación que aparecen en nuestros encuentros en el curro, en clase, en el metro o en casa. Pero otra importante razón es que nuestra reivindicación suele girar en torno al No a algo (No a la reforma de no sé qué, No a los recortes, etc.). Por ello resulta difícil encontrar planteamientos que vayan un paso más allá, planteamientos que vayan acompañados de análisis más profundos. En cierta manera, como decíamos, es inevitable, pues la gran heterogeneidad del cuerpo social crítico dificulta el desarrollar un mensaje común más elaborado. Pero enarbolar una lucha con el No a tal cosa tiene ese gran peligro: su limitación a la hora de prolongarse en el tiempo. Cuando el cambio introducido que ha generado la protesta es realmente irreversible, o cuando sin serlo, en el escenario social la sensación es esa, la lucha se agota y finaliza, volviendo a empezar de cero con la siguiente medida que genere cierto rechazo social.

Si articulamos un discurso más global que trate de plantear una lucha contra la raíz del problema, es decir, si articulamos un discurso radical que ataque directamente al virus y no exclusivamente a sus síntomas, evitaremos, en parte, este hecho, pues la lucha no se agotará hasta que todas nuestras expectativas queden resueltas.

Otro punto en el cual creemos que es necesario detenerse es el siguiente: cuando se habla de crisis, automáticamente se nos viene a la cabeza los problemas que genera el actual sistema económico. Pero nosotras/os entendemos que la crisis es mucho más profunda. Podríamos hablar de crisis medioambiental, crisis social, crisis política, etc. Por ello, insistimos en que la lucha tiene que partir de un análisis global. Los grupos de la izquierda parlamentaria o extraparlamentaria plantean una serie de propuestas para afrontar la crisis (nacionalización de la banca, un sistema fiscal más justo y progresivo, aumento de la inversión pública, etc.) que aunque puedan paliar los efectos de la actual situación económica, no llegan a ofrecer una alternativa real al centrarse exclusivamente en asuntos económicos, y sobre todo, al no cuestionar los pilares mismos de este sistema. Nosotras tenemos claro que aunque tuviéramos un trabajo estable y bien remunerado, unos servicios públicos gratuitos y de calidad, y un fácil acceso a una vivienda, la lucha seguiría teniendo sentido, pues nuestra meta debe ser el recuperar el control sobre nuestras vidas y la construcción de una sociedad donde organicemos el día a día junto a nuestros/as iguales de una forma no jerárquica, y no el perfeccionamiento del Estado del Bienestar, como algunos/as se empeñan.

Para terminar, poco más podemos decir que no hayamos dicho en todos estos números. Tenemos que juntarnos con nuestras/os compañeras/os de trabajo, de clase, del barrio, etc., juntarnos para hablar, debatir y reflexionar, para poner en común aquellos problemas que compartimos para afrontarlos juntos/as, para reñir, soñar y construir, de una forma horizontal, donde nadie sea más que nadie, porque la lucha de hoy es el reflejo del mañana por el que peleamos.

Durante la campaña electoral del pasado otoño, el PP hizo de la “lucha contra  la multirreincidencia” uno de los pilares centrales de su programa, como así lo resumió Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior. Una de las formas para conseguirlo sería mediante la reforma de la Ley de Extranjería, para que aquellos/as inmigrantes que “hayan hecho de la delincuencia su modo de vida” sean expulsados/as del país aunque se encuentren en él de forma legal. Asimismo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, también anunció al poco de ocupar su cargo que el Código Penal debía ir más allá y establecer la cadena perpetua, llamada “prisión permanente revisable”, para delitos muy graves.

Todas estas alarmantes declaraciones de miembros del Ejecutivo (aplaudidas por miembros de otros partidos, como CiU) nos permiten ir dibujando un mapa de cómo será el futuro Código Penal. Las perlitas más recientes que soltaron eran relativas a equiparar el atentado a la autoridad con la resistencia pasiva y, así, poder imponer penas más graves a los/as detenidos/as en manifestaciones, como analizaremos más adelante en este artículo.

Legislando a golpe de titular

“No hay verdad más engañosa que aquella con la que deseamos ser engañados, ni realidad más discutible que la que repugnamos incluso considerar” – Enrique Martínez Reguera, La Calle es de Todos.

Tras la trágica muerte de Marta del Castillo a manos de su pareja, el PP revitalizó su campaña a favor de la cadena perpetua. Tras la muerte de Sandra Palo cometida por un  menor de edad conocido como “el Rafita”, argumentaron que es necesario endurecer la Ley Penal del Menor (y así se hará, próximamente). Tras las últimas protestas estudiantiles de Valencia, en los que los/as chavales/as no actuaron de forma violenta contra la policía, ciertos miembros del Gobierno reivindicaron un endurecimiento de los delitos de desobediencia y resistencia pasiva. No podía ser que la policía les dijera que se dispersaran y que no lo hicieran. Y ahora, tras la huelga general del 29 de marzo, se pide equiparar la “violencia callejera” con el terrorismo.

Este es el tipo de legislación populista a la que estamos acostumbrados/as. Ocurre algún tipo de suceso y aparece en los medios (muchas veces magnificado, exagerado y manipulado) y, el Gobierno, para generar la apariencia de que se esfuerza por solucionarlo y evitar que un hecho así se vuelva a repetir, responde con un endurecimiento de la Ley, cada vez restringiendo más derechos y libertades en favor de lo que se denomina “seguridad ciudadana”.

Un estudio muy interesante sobre el papel de los medios de comunicación, la sensación de inseguridad ciudadana y la posterior represión a la “delincuencia juvenil” es el recogido en la fantástica obra de Enrique Martínez Reguera titulada La Calle es de Todos.

La estrategia del miedo

“Hay que endurecer las penas por delitos de violencia callejera […] para que haya más gente que tenga más miedo al sistema y que no sea tan osada” – Felip Puig, conseller d’Interior de Catalunya (CiU).

El Gobierno es consciente de que los recortes sociales y la reforma laboral van a seguir generando descontento social y que éste se va a traducir en una creciente conflictividad, marcada por movilizaciones y todo tipo de protestas. El surgimiento de movimientos como el 15-M y las asambleas de barrio, las protestas estudiantiles de la denominada ‘Primavera Valenciana’ y la huelga general del 29 de marzo son algunos ejemplos de este descontento. Ante esta escalada de la tensión social, que no sabemos si en el futuro puede dar pie a que se genere una situación de enfrentamiento con las fuerzas del orden semejante a la existente en Grecia, el Ejecutivo ha decidido reformar “en profundidad” el ordenamiento penal (Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana).

Así, quienes organicen o convoquen a una “concentración violenta” a través de internet, se enjuiciarán como “integrantes de organización criminal” en la Audiencia Nacional y se enfrentarán a una pena mínima de dos años, según detalló Fernández Díaz el pasado 11 de abril en el Congreso. De esta forma pretenden luchar contra la “espiral de violencia” que protagonizan los “colectivos antisistema que practican técnicas de guerrilla urbana”.

La finalidad de establecer como mínimo una pena de dos años es la de poder enviar a la cárcel a los/as convocantes de dichas manifestaciones (ya que, si la potencial pena fuera inferior a dos años, legalmente no podrían hacerlo). Con esta reforma, los fiscales podrán solicitar la prisión provisional para los/as acusados/as, antes de ser enjuiciados/as, y los/as jueces, por su parte, acordarla.

La prisión provisional es considerada por el ordenamiento jurídico como una medida de carácter excepcional que se ha de aplicar únicamente en situaciones muy concretas, pero poco importa: una tercera parte de los/as presos/as españoles lo están de forma preventiva. En la actualidad, tres de los/as detenidos/as de la huelga del pasado 29 de marzo se encuentran en la cárcel, ya que la jueza de instrucción que les derivó allí teme que puedan participar en futuras movilizaciones.

Otra reforma que en un primer momento se preveía era la de incluir la resistencia “pasiva o activa” como un “atentado a la autoridad” (penado de 2 a 4 años), tras unas declaraciones del ministro del Interior que suscitaron una gran polémica entre juristas, abogados/as, jueces, políticos/as, periodistas y supuestos/as intelectuales de todos los colores. Sin embargo, una semana más tarde, el ministro de Justicia explicó que finalmente este cambio no tendría lugar. ¿Eran las declaraciones de Fernández Díaz un globo sonda hábilmente dirigido para observar la reacción que provocarían? ¿Se han echado para atrás para dar la impresión de que atienden a las razonables demandas, exigidas tras el revuelo mediático causado?

Con lo que sí podemos contar es con que la reforma pretende incluir como agravante el que una conducta violenta se produzca en una manifestación o endurecer las penas de violencia callejera hasta el extremo de equipararlas con la legislación aplicada a la kale borroka o terrorismo de baja intensidad. Según el Gobierno, el objetivo es “robustecer la autoridad” y garantizar el orden público. Garantizarlo, eso sí, a base de miedo. Como explicó el abogado Servando Rocha al poco de hacerse públicas las declaraciones del ministro del Interior, “se trata de usar reformas legislativas profundas realizadas a la ligera para transmitir miedo y controlar a los colectivos sociales”. Nuestra respuesta ahora debe ser clara e inequívoca: ¡no tenemos miedo!

El Código Penal no viene solo

“Si Gandhi hubiera estado en la Plaça de Catalunya [el día que la desalojamos] también habría pillado. […] Resistirse [sin violencia, ni arremetimiento contra la policía, ni nada] no es pacífico. Lo pacífico es que te digan que te vayas, te levantes y te vayas. […] La policía ejerce la violencia legal. […] La policía siempre gana” – Sergi Pla, comisario de la Brigada Móvil (antidisturbios) de los Mossos d’Esquadra, en el programa Salvados (La Sexta, 15 de abril de 2012).

La estrategia del miedo no se crea sólo a base de plumazos. El aumento de la violencia policial de los últimos tiempos contribuye mucho a crear el deseado clima de miedo.

Seguramente, será difícil en la práctica llevar a cabo todo lo que dicen los/as políticos/as que contendrá el nuevo Código Penal (si es que finalmente se aprueba en los términos en que dicen que lo hará, ya que es posible que las últimas declaraciones sean, en cierta manera, una suerte de globo sonda destinado a extender el temor a participar en movilizaciones o asambleas públicas), por lo que la labor policial se torna necesaria para amedrentar a las personas que participan en algún tipo de movimiento social. Con esto no nos referimos únicamente a las cargas que se han dado en distintas manifestaciones, sino también a otro tipo de actuaciones, como la de la presencia de dos furgones de policías antidisturbios en algunas asambleas de barrios del 15-M a principios de abril.

Como ya hemos explicado antes, nos estamos enfrentando a recortes sociales en sanidad y educación, a subidas en el precio de bienes de primera necesidad o en transportes públicos y a una mayor precarización de nuestras condiciones laborales y de nuestras vidas en general. El odio y la rabia arde en nuestras entrañas y salimos unidos/as a la calle para visibilizarlo. La reforma del Código Penal no es más que otro recorte más de nuestros mermados derechos y una herramienta para tratar de frenar toda reivindicación o movilización. Se recurre a las viejas políticas de emergencia para que la gestión del control social recaiga sobre políticos/as y policías, los cuales buscan destruir cualquier movimiento por miedo al recrudecimiento de los conflictos. Ante esto, nuestra respuesta no puede ser la de agachar la cabeza y someternos. Hacen esto porque nos tienen miedo. Y llevan razón: si nos lo propusiéramos, no podrían pararnos.

Una subida que llega tras la polémica publicidad de Metro Madrid en la que se nos trataba de convencer de estar ante el transporte público más barato del mundo. Unos meses después uno/a se da cuenta de la jugada, pues si el Metro madrileño era el más asequible, había que equipararlo con el resto… así están las cosas.

Yendo más allá de los fríos datos

Las subidas planteadas por el Consorcio Regional de Transportes  afectan al conjunto de los billetes. Lo cierto es, como se ha dicho desde la Consejería de Transportes, que estas nuevas tarifas castigan ante todo a quien no utiliza el transporte público muy asiduamente, de forma que el precio del billete de 10 viajes (aquel metrobús del que el anterior consejero de transportes no conocía ni su existencia) sube un 29%, pasando de 9,30 a 12 euros. Sin embargo, aquellos/as que lo tomamos día a día tampoco nos salvamos de los incrementos de tarifas, pues los abonos transportes mensuales (las formas de viaje más utilizadas) aumentan su precio de media un 8%. Aparece también un nuevo billete de 10 viajes específico para autobuses que permite realizar un transbordo sin tener que volver a pagar, pero por un precio de 18 euros.

Por otro lado, es de remarcar el nuevo giro que sufre el billete sencillo para Metro. Tras aumentar su precio el pasado agosto un 50% hasta colocarse en los 1,50 euros, sufre una nueva subida, o mejor dicho, “las condiciones de su uso cambian”. El precio del billete sencillo variará dependiendo del recorrido que se haga, se mantienen los 1,50 euros para menos de seis estaciones, y a partir de la sexta el precio se incrementa en diez céntimos por estación hasta un máximo de dos euros. Esto a efectos prácticos supone una subida en toda regla, pues si vivimos en los barrios de la periferia apenas logramos salir de ellos con cinco estaciones. Para poder poner este “nuevo” billete en marcha será necesario reprogramar las máquinas expendedoras de billetes y realizar modificaciones en los accesos y las salidas de los metros que posibiliten controlar que todo el mundo paga lo que recorre. Estas nuevas infraestructuras supondrán un gasto a Metro que aún no se ha cuantificado (o por lo menos no se ha hecho público) y no estarán operativas hasta junio, cuando entre en vigor este nuevo billete.

De esta forma se pretendía dar una imagen global de la situación. Para más información sobre las tarifas, éstas pueden consultarse en las páginas web de Metro Madrid y EMT.

Razones, explicaciones, excusas

Desde que accediera al cargo el nuevo Consejero de Transportes, Pablo Cavero, lo dejó claro, él llegaba para hacer una reestructuración de los transportes públicos madrileños. Como en todo, el gasto era excesivo y había que ver dónde meter la tijera y de dónde sacar más dinero (para esto último sólo ha surgido la idea de alquilar el nombre de las estaciones de Metro… toda nuestra vida acaba transcurriendo en un gran centro comercial). Las razones que se esgrimieron fueron variadas: una importante disminución en los presupuestos del Estado, subidas en el precio de la luz y el gasoil, la falta de los fondos que aportaba el Ayuntamiento de Madrid (algo que debería haberse previsto antes de pactar su mutis hace pocos meses) o la disminución del número de viajeros/as. Sin embargo, uno de los motivos que se aducen con mayor convicción es, literalmente, que quienes circulamos en transporte público únicamente pagamos el 40% del precio real del billete, mientras que la administración nos sufraga el resto, con lo que se pretende que nos igualemos al 50%. La trampa es evidente, la administración no nos regala el dinero, éste no deja de ser algo que nosotros/as mismos/as hemos pagado ya.

En esta situación la tijera se ha metido por todos los sitios, desde los/as trabajadores/as de Metro y EMT hasta los/as usuarios/as. Sin embargo, los recortes no afectan de la misma forma, por ejemplo, a los/as 55 directivos/as de Metro, ni a los nuevos fichajes del mercado privado (alguno hijo de un alto cargo del PP en la Comunidad), ni siquiera a muchos /as de los/as otros/as 45 directivos/as que fueron cesados en enero de su cargo (sí, eran cien, un gran grupo de sabios/as) y que aún siguen cobrando su sueldo de Metro.

Pero también avisan de que esto no se quedará así, y es posible que en los próximos meses se “necesiten acometer nuevas reformas del transporte público”: reducciones en limpieza, disminución del número de autobuses que cubren servicio (lo que según CCOO ya estaría sucediendo), cierre anticipado del Metro por las noches e incluso una posible nueva subida de tarifas. Así que habrá que esperar nuevas noticias próximamente.

Ninguna subida viene sola

Este mes de mayo no sólo tendremos que afrontar la “grata” subida de los precios del transporte público madrileño. A todo ello habrá que sumar el aumento de las tarifas del agua, la luz y el gas. Por otro lado, los precios de los carburantes continúan en escalada, lo que unido al constante descenso de nuestros ingresos, ya sea debido al paro o a la disminución de los sueldos, nos pone cada vez más complicada la movilidad por nuestra ciudad y repercute de manera alarmante sobre nuestras condiciones de vida. Para visualizarlo dejamos un simple ejemplo: el caso de un trabajador con el sueldo mínimo interprofesional (642 euros) que tenga que desplazarse todos los días de Madrid a Alcobendas a trabajar; para ello tendría que tener el abono B1 (59,8 euros), de tal modo que algo menos del 10% de su sueldo se irá en ir a su puesto de trabajo.

Pero para algunos no es lo suficientemente ruin el callar. Siempre alguien va más allá. Porque resulta muy fácil hacer un artículo juntando las palabras radicales y vascos, y ya ni te cuento si haces mención a los ultras y hooligans. De esta forma, ya cuentas con unas líneas para entregarle a tu jefe. Bastardos mercenarios. Nadie escribirá que Íñigo estaba tranquilamente celebrando con sus amigos la victoria del Athletic, de que claro que se tiraron botellas a la policía pero después de que cargaran y dejaran a un joven tirado en el suelo con la cabeza ensangrentada o de que la policía disparó bolas de goma en una calle repleta de gente a escasos metros de ellos. Nosotros preferimos escuchar y creer a la familia y a sus amigos. Las “versiones oficiales”, los informes policiales, las declaraciones del portavoz del Gobierno Vasco, etc., se las dejamos a los buitres. Nosotros nos quedamos con las palabras de esa madre que ha perdido a un hijo o de aquellas personas que trataron de auxiliar a Iñigo. Malditos burócratas, amparáis a toda una masa de descerebrados, porque los necesitáis, porque son ellos los que os mantienen en el poder. Por eso sabemos de sobra que vuestras investigaciones no llegarán a nada. Aún nos acordamos de aquellos Mossos que golpearon y vejaron a un hombre, y no sufrieron represalia alguna, aún lo recordamos porque todos vimos las imágenes en los telediarios, incluso los políticos que los indultaron.

Habéis asesinado a una persona que tan sólo celebraba la victoria de su equipo de fútbol. Y habéis puesto a funcionar toda vuestra maquinaria para que este cobarde asesinato quede condenado al olvido. Vuestros medios de comunicación han callado o han tratado de justificar la intervención policial. Los políticos han comenzado a hablar de depurar responsabilidades, de investigar a fondo lo ocurrido. Pero no os creemos. Así de sencillo. Sentimos demasiada rabia. No sólo es Iñigo. Son demasiadas ya. Es demasiada gente humillada, golpeada y represaliada. Son demasiados amigos que se han comido como mínimo una noche de calabozo. Y también es la rabia por no responder como se merece. Por no saber qué hacer. ¿Quién de nosotros no ha celebrado alguna victoria de su equipo con sus amigos? ¿Quién de nosotros no ha estado tranquilamente tomando algo en la calle y ha aparecido de repente la policía a tocar las narices? Está claro que ahora se les ha ido de las manos. Pero quien juega con fuego se acaba quemando. Las peloteras son armas mortales. Menos que una pistola. Pero también matan. Y si disparas contra una multitud una pelota a 700 km/h, ¿qué esperas que ocurra? Tan sólo en Barcelona, el año pasado tres jóvenes perdieron un ojo a causa del impacto de una bola de goma en alguna manifestación. Otro estuvo ingresado en la UCI durante una semana, con un traumatismo cardiopulmonar, temiendo por su vida.

Bastardos. Íñigo. No te conocíamos. Pero da igual. Compartimos la rabia y la impotencia de tus allegados. No te olvidaremos. No perdonaremos. Porque no ha sido un accidente. Eres la última víctima de un sistema montado para salvaguardar los intereses de una clase frente a la otra. Un sistema armado, violento y sin moral. Que inevitablemente comete “accidentes”. Os odiamos. Vosotros también nos odiáis. Y sabemos que, en cierta manera, también nos teméis. Teméis que un día nos juntemos y demos un golpe sobre la mesa. Porque sabéis que no sólo nosotros, los antisistemas o como queráis llamarnos, os odiamos. Somos muchos. Los chicos que aún se juntan en los parques y sufren vuestro acoso, os odian. La gente que ha empezado ahora a salir a la calle, os odia. Las abuelas que lucharon hace años y ven que nada ha cambiado, os odian. Somos muchos. Pero no estamos juntos. Ese es nuestro fallo. Pero algún día esto tendrá que cambiar. Por Íñigo y por los demás. Para que sus muertes no caigan en el olvido.

Íñigo. Herriak ez du barkatuko. Por ti y por todos los demás. Seguiremos luchando.

Manifestación en solidaridad con la familia de Íñigo en la Plaza de la Virgen Blanca (Gasteiz)

Balance de las víctimas de las pelotas de goma

La dotación de proyectiles de goma de las Policías Nacional y Autonómicas, de un peso de 90gr. y capaces de desplazarse a una velocidad de más de 200 m/s (más de 720 km/h), son consideradas por un protocolo técnico interno como armas “less-letal”, es decir “menos letales”, que no obstante pueden causar daños permanentes a los órganos vitales, más aún cuando se suelen disparan en los cascos antiguos de las ciudades, entre paredes que forman espacios muy cerrados. Las lesiones habituales más graves son traumatismos craneales como el que ha costado la vida al joven de Bilbo, hemorragias y derrames cerebrales, pérdidas de visión, perforaciones pulmonares e intestinales y traumatismos en testículos. De hecho, un estudio publicado en la revista inglesa The Lancet en 2000 concluyó que la “poca fiabilidad de las pelotas de goma, el apuntar mal o el disparar a una distancia demasiado corta han tenido como consecuencias la provocación de lesiones graves o incluso la muerte de un número de gente considerable. Este tipo de munición no debe ser entendida como una herramienta segura para controlar a grandes grupos de personas“.

En España, el protocolo de intervención del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil obliga a disparar contra las extremidades inferiores, a una distancia mínima de 50 metros y con previo rebote en el suelo -si están bien, estas pelotas deben botar 60 centímetros lanzadas en caída libre desde un metro de altura. En la práctica los agentes no cumplen su protocolo (y, aunque lo hicieran, seguiríamos estando en contra de sus métodos) y disparan a una distancia inferior, dándoles igual en qué parte del cuerpo de su objetivo hacen impacto.

Dejando de lado otro tipo de lesiones, en el Estado español son 23 las personas que han perdido un ojo desde 1990 hasta hoy a causa de estos proyectiles (seis de ellos/as en los últimos tres años). Tristemente, Íñigo Cabacas, de 28 años, no es la única víctima de la actuación policial en estos dos últimos meses; Xuban Nafarrete, de 19, pasó seis días en el hospital de Santiago de Gasteiz después de sufrir un derrame cerebral el día de la huelga general también por consecuencia de una pelota de goma.

Si queremos hacer un poco más de memoria histórica, podemos ver que Íñigo no ha sido la única víctima mortal por estos proyectiles. Rosa Zarra murió tras recibir un impacto de pelota de goma en una movilización reprimida por la Ertzaintza en Donosti, en 1995. Estos hechos nunca se investigaron a fondo. Por su parte, las protestas durante la Transición, entre 1977 y 1979, dejaron un saldo de seis víctimas mortales por impacto de pelota de goma y una por impacto de bote de humo. Y si miramos más allá de las fronteras, podemos conocer de otros casos de víctimas de violencia por parte de la policía por medio de pelotas de goma. Gran Bretaña que el fue primer país en utilizar pelotas de goma a gran escala, durante los años del recrudecimiento del conflicto norirlandés. Entre 1970 y 1975 mataron a trece personas. Uno de cada 18.000 disparos efectuados fue letal y uno de cada 800 tuvo como resultado una lesión severa o grave. Por otra parte, otros estudios demuestran que entre 1987 y 1993 al menos veinte civiles palestinos/as murieron a consecuencia de las pelotas de goma disparadas por militares israelíes.

En la actualidad, sólo hay dos países europeos que aprueban el uso de pelotas proyectadas con escopetas o fusiles como medios policiales habituales para disolver a “multitudes agresivas y violentas”: España y Portugal. En otros países sólo se utilizan en situaciones consideradas límite[1], y no se aplican tan fácilmente como se hace en España, en el que disparar contra su propio “pueblo” no es ningún problema. Ni siquiera en regiones consideradas “conflictivas”, como Irlanda del Norte, se utilizan con tanta frecuencia y la policía tiende a emplear antes otros métodos que, si bien son igual de siniestros (como el uso de gases lacrimógenos), en el fondo son menos letales para la vida de las personas a las que a la postre van a apalear y machacar.

Este tipo de proyectil antidisturbios se encuentra, supuestamente, en fase de retirada debido a que la Comisión Europea los vetó a mediados de 2011, advirtiendo a todas las policías del Estado Español y de Portugal que deberán dejar de utilizar las pelotas de goma como máximo a finales de 2012. Quizás eso explica por qué el Gobierno ha invertido 1.071.770 euros en gases lacrimógenos y fumígenos, de acuerdo con el BOE de 31 de diciembre de 2011.

El Sindicato Unificado de Policía el pasado 13 de Abril emitió un comunicado con un titular bastante desconcertante o muy clarividente titulado Uso de pelotas de goma para atacar a ciudadanos, en el que proponen el uso de las pelotas de goma, sólo para situaciones especiales y que proponen homologarse con el resto de los países de la UE, pero proponen que en tal caso un incremento de los Unidades de Intervención Policial (UIP) o antidisturbios de 2800 a 5000 efectivos. No sabemos que nos da más miedo: el uso de las pelotas de goma o que se multipliquen por dos los miembros de la UIP.

En España, el protocolo de intervención del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil obliga a disparar contra las extremidades inferiores, a una distancia mínima de 50 metros y con previo rebote en el suelo -si están bien, estas pelotas deben botar 60 centímetros lanzadas en caída libre desde un metro de altura. En la práctica los agentes no cumplen su protocolo (y, aunque lo hicieran, seguiríamos estando en contra de sus métodos) y disparan a una distancia inferior, dándoles igual en qué parte del cuerpo de su objetivo hacen impacto.

Dejando de lado otro tipo de lesiones, en el Estado español son 23 las personas que han perdido un ojo desde 1990 hasta hoy a causa de estos proyectiles (seis de ellos/as en los últimos tres años). Tristemente, Íñigo Cabacas, de 28 años, no es la única víctima de la actuación policial en estos dos últimos meses; Xuban Nafarrete, de 19, pasó seis días en el hospital de Santiago de Gasteiz después de sufrir un derrame cerebral el día de la huelga general también por consecuencia de una pelota de goma.

Algunas personas que han perdido un ojo a causa de pelotas de goma

Si queremos hacer un poco más de memoria histórica, podemos ver que Íñigo no ha sido la única víctima mortal por estos proyectiles. Rosa Zarra murió tras recibir un impacto de pelota de goma en una movilización reprimida por la Ertzaintza en Donosti, en 1995. Estos hechos nunca se investigaron a fondo. Por su parte, las protestas durante la Transición, entre 1977 y 1979, dejaron un saldo de seis víctimas mortales por impacto de pelota de goma y una por impacto de bote de humo. Y si miramos más allá de las fronteras, podemos conocer de otros casos de víctimas de violencia por parte de la policía por medio de pelotas de goma. Gran Bretaña que el fue primer país en utilizar pelotas de goma a gran escala, durante los años del recrudecimiento del conflicto norirlandés. Entre 1970 y 1975 mataron a trece personas. Uno de cada 18.000 disparos efectuados fue letal y uno de cada 800 tuvo como resultado una lesión severa o grave. Por otra parte, otros estudios demuestran que entre 1987 y 1993 al menos veinte civiles palestinos/as murieron a consecuencia de las pelotas de goma disparadas por militares israelíes.

En la actualidad, sólo hay dos países europeos que aprueban el uso de pelotas proyectadas con escopetas o fusiles como medios policiales habituales para disolver a “multitudes agresivas y violentas”: España y Portugal. En otros países sólo se utilizan en situaciones consideradas límite[1], y no se aplican tan fácilmente como se hace en España, en el que disparar contra su propio “pueblo” no es ningún problema. Ni siquiera en regiones consideradas “conflictivas”, como Irlanda del Norte, se utilizan con tanta frecuencia y la policía tiende a emplear antes otros métodos que, si bien son igual de siniestros (como el uso de gases lacrimógenos), en el fondo son menos letales para la vida de las personas a las que a la postre van a apalear y machacar.

En la actualidad, este tipo de proyectil antidisturbios se encuentra, supuestamente, en fase de retirada debido a que la Comisión Europea los vetó a mediados de 2011, advirtiendo a todas las policías del Estado Español y de Portugal que deberán dejar de utilizar las pelotas de goma como máximo a finales de 2012. Quizás eso explica por qué el Gobierno ha invertido 1.071.770 euros en gases lacrimógenos y fumígenos, de acuerdo con el BOE de 31 de diciembre de 2011.

El Sindicato Unificado de Policía el pasado 13 de Abril emitió un comunicado con un titular bastante desconcertante o muy clarividente titulado Uso de pelotas de goma para atacar a ciudadanos, en el que proponen el uso de las pelotas de goma, sólo para situaciones especiales y que proponen homologarse con el resto de los países de la UE, pero proponen que en tal caso un incremento de los Unidades de Intervención Policial (UIP) o antidisturbios de 2800 a 5000 efectivos. No sabemos que nos da más miedo: el uso de las pelotas de goma o que se multipliquen por dos los miembros de la UIP.

Las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos es una iniciativa popular que surge a finales de 2009 ante la extensión de controles policiales por perfil racial en nuestros barrios.

Vecinos y vecinas de Madrid podían constatar diariamente cómo la policía identificaba sin razón aparente en bocas de metro y en otros espacios exclusivamente a población que por sus rasgos físicos pareciera no autóctona.

Ante esta injusticia desde organizaciones barriales, centros sociales y colectivos con experiencia en la defensa de derechos humanos en Latinoamérica se buscó una forma de contestar a estas prácticas racistas. Las Brigadas Vecinales nacen así con el objetivo de acabar con los controles racistas de una forma colectiva y organizada, ofreciendo una resistencia al racismo institucional que intenta poco a poco invadir nuestros barrios.

Por eso desde los inicios hemos querido señalar que la existencia de las redadas raciales no es solo problema de quienes las sufren en su propia carne, sino que está directamente conectada al diseño de un tipo de sociedad de control donde la vigilancia de la población aumenta cada día. En Madrid la privatización de los servicios públicos está conllevando la privatización del espacio donde antes nos encontrábamos: las calles, las plazas, los parques…

Estas redadas son claro ejemplo de una política con componentes claramente clasistas y racistas. Por una parte discriminar a un tipo de población trabajadora que es la que usa medios de transporte como el metro o espacios como los locutorios (dos puntos frecuentes de control racial) y por otra actuar como medio para separar a la población, entre extranjeros y autóctonos, estigmatizando a una parte y rompiendo los lazos de solidaridad que pudieran existir en cada barrio.

De esta forma la presencia de la policía requiriendo documentación construye una imagen clara de criminalización y nos produce una sensación terrible en el cuerpo.

Mientras a cierta población nativa se nos recortan los derechos a la población no nativa se los niegan, pudiendo detener por la calle de manera ilegal a personas por el simple hecho de “no tener papeles” (una falta administrativa que podría compararse con aparcar en doble fila).

Es increíble que hoy en día en una sociedad que se da por llamarla “democrática”, cierta gente pueda ejercer el derecho a la movilidad por la ciudad mientras que otras personas tengan que sufrir la parada, la obstaculización y la detención continua.

2. ¿Cuáles son vuestros objetivos? ¿Han cambiado desde que empezasteis hasta ahora?

Nuestro objetivo es impedir los controles racistas, que son parte de una estrategia de miedo y represión contra la población migrante que puede ser encerrada 60 días en un CIE y expulsada a un país que no es el suyo simplemente por pasear y no tener papeles.

Por eso vemos necesario contestar a estas prácticas racistas en las calles de forma colectiva, organizada y continua. Por ello hemos establecido un protocolo de actuación asumido dentro de la asamblea de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos como forma de comportarnos ante un control racista.

Aunque parar una redada no depende solo de que estemos presentes mientras sucede, nuestra presencia con chalecos naranjas hace que la gente que pasa alrededor no naturalice lo que está haciendo la policía en ese momento. Nuestro objetivo por tanto es denunciar la práctica policial racista, evitar que esta se tome como algo normal y termine considerándose un despliegue policial más.

Durante esta actuación de Brigadas cobra mucha importancia el diálogo que mantenemos con los vecinos y las vecinas. Panfleteamos con unos textos que denuncian la actividad de la policía e informan de derechos y lugares de interés para recibir más información. Con esos papeles y nuestro diálogo en la calle recuperamos el espacio público como lugar donde hablar, intercambiar opiniones, conocer lo qué piensa el resto de vecinos y re-construir en cierta medida los lazos de vecindad.

Además en la experiencia acumulada de Brigadas nos hemos dado cuenta que un porcentaje amplio de las gentes con las que nos encontramos no aprueban esos controles y no entienden porque la policía ejerce esa discriminación.

Como se puede observar nuestros objetivos iniciales de estar en la calle, hablar con los vecinos, generar apoyo mutuo y oponernos con nuestra acción a los controles no han variado. Pero si que es cierto que a lo largo de este tiempo hemos reflexionado en asamblea sobre nuestro protocolo de actuación, hemos tenido que hacer frente a las denuncias puestas por Delegación de Gobierno y hemos hecho un trabajo de reflexión como cualquier colectivo asambleario que ha influido en nuestro trabajo posterior. Por ejemplo ahora intentamos hablar lo mínimo con la policía y estamos poniendo más énfasis en recoger las conversaciones que tenemos con las personas o los argumentos que usan las fuerzas de seguridad para justificar su actuación.

3. ¿Qué hacéis cuando os encontráis un control policial, y qué puede hacer la gente si se lo encuentra?

Como comentábamos antes, nuestra actuación trata de reflejar que lo que hace la policía es un acto ilegítimo e ilegal. Ante ello desde Brigadas trabajamos en un tipo de contestación organizada y mantenida en el tiempo. Parar a las personas por su aspecto es un acto racista que debe ser continuamente denunciado y contestado en las calles.
Desde Brigadas sabemos que nuestra forma de actuar es una entre muchas y que es difícil dar unas pautas de actuación única frente a los controles.

Pensamos que es útil recordar que cuanta mas información se tenga mayor seguridad habrá a la hora de hablar e interactuar con la policía. No es lo mismo afrontar una situación sabiendo que la policía no puede hacer controles rutinarios, ni por temas de extranjería, que ignorándolo.

Por eso preguntar a la policía qué está haciendo puede ser la primer y más simple herramienta con la que contamos. Que hacer esa pregunta es un derecho, que no nos pueden reprimir por ello y que muchas veces ese simple cuestionamiento supone que la policía al dar razones evidencie su falta de legitimidad.

A este nivel la gente puede encontrar protocolos individuales de actuación frente  los controles (Asociación Sin Papeles) y protocolos hechos por las asambleas de barrio que se han ido forjando a través de una contestación mas masiva y espontánea, reflejo del hartazgo popular, como por ejemplo las puntuales y amplias respuestas de los vecinos y vecinas de barrios como Oporto o Lavapiés donde varias veces se han impedido controles racistas de la policía.

4. ¿En qué creéis que ha influido la presencia de las brigadas frente a los controles? ¿Cómo ha sido la reacción de la gente de la calle?

No sabemos a ciencia cierta que influencia ha tenido nuestra presencia a la hora de reducir los controles policiales pero sí que en estos dos años de salidas hemos constatado cómo la respuesta policial ante nuestra presencia ha ido variando.

A veces al vernos se han marchado y han vuelto después de unas horas, o han estado evitándonos como si jugáramos al ratón y al gato. En otros casos han realizado el control racista y han respondido de diferente forma a nuestras preguntas sobre lo que estaban haciendo (son ordenes, no somos racistas porque paramos a negros y rumanos…) Y como no, en alguna ocasión también nos han denunciado.

Parte de estos datos parciales y la evaluación de los mismos para saber el efecto que nuestra actuación ha tenido durante el año pasado lo podéis encontrar en nuestro Informe que está colgado en nuestra página web:  www.brigadasvecinales.org

En todo caso  no se puede medir sólo nuestro trabajo en función del resultado cuantitativo de si han descendido o no los controles o de si varias instituciones como la defensora del pueblo se ven en la obligación de condenarlas. Siendo eso importante nuestra práctica política busca principalmente recuperar el espacio público a través de desnaturalizar los controles racistas a los ojos del vecindario.

Como comentábamos antes, la gente en la calle ha mostrado un sentimiento contrario a los controles racistas y nos preguntan muchas veces qué pueden hacer. Personas desconocidas nos escriben a nuestra web y nuestro twitter informándonos de los controles que ven, diciendo la hora y las características de la actuación racista de la policía. Además las Brigadas siguen creciendo y continuamente se sigue apuntando gente a los talleres de incorporación que hacemos mensualmente.

5. ¿Habéis tenido repercusiones debido a vuestras actuaciones?

Desde Delegación de Gobierno se nos ha denunciado varias veces y se han abierto una serie de expedientes tanto administrativos como penales. Incluso en una de las identificaciones ya nos tenían preparado un boletín de denuncia previo.

Se puede decir que la represión ha sido un continuo en nuestra actividad, pero anima saber que en el último juicio hemos salido absueltos, que los anteriores por vía administrativa aún no tienen condena definitiva y que hemos generado herramientas para minimizar el efecto disuasorio de las sanciones, asumiendo colectivamente los juicios y las multas e intentando generar lazos de apoyo mutuo dentro del colectivo.

De hecho seguimos con la firme convicción de que las Brigadas deben seguir existiendo hasta que el clamor de la calle impida que las instituciones nos sigan invadiendo la vida de control y de racismo.

Decimos que no es nueva porque allá por 2001 ya se le encendió la bombilla al gobierno de turno y cedió la búsqueda de crudo a la empresa de moda, Repsol, pero en 2004 el Tribunal Supremo revocó el permiso por defectos del control medioambiental de dicha autorización. Repsol pertenece al grupo de empresas (Telefónica, Santander, Endesa…) que obtienen beneficios, aun en tiempos de crisis gracias a sus negocios en América.

El argumento principal que esgrime el gobierno central, sostenido por la excusa de la crisis, es que España no puede permitirse el lujo de no explotar un yacimiento de petróleo que se encuentra en su territorio y que, según las estimaciones más pesimistas, podría abastecer el 10% del consumo diario de crudo en el Estado (140.000 barriles). Además, si Marruecos va a buscar petróleo al otro lado de la frontera marítima, nosotros/as no vamos a ser menos.

Se ha hablado del impulso que este hallazgo supondría para Canarias, afirmando que su nivel de desarrollo y bienestar social equipararía al archipiélago con Noruega, ignorando que dicho país ya tenía un elevado nivel de desarrollo social antes de que se iniciara la explotación petrolífera en el Mar del Norte (años 70) y obviando que la explotación allí no es gestionada por una empresa privada sino por el Estado.

Beneficios aparte, el impacto ambiental de la extracción de petróleo y, sobre todo del transporte del mismo, es lo que ha sacado a muchos/as canarios/as a la calle, desde el pueblo llano hasta los/as más conocidos/as políticos/as. ¿Un venazo ecologista? No siempre. O no al menos en el caso de las instituciones autonómicas, que pretenden echar para atrás la búsqueda del “oro negro” por la preocupación que les produce el efecto que podría tener un vertido sobre el turismo en las islas.

Intereses económicos a fin de cuentas… Elegir, o más bien contemplar la toma de decisión, sobre quién se lleva el dinero en una comunidad que arrastra un 31% de paro, si las empresas del sector turístico o una gran petrolera. Todo se reduce a eso, a nadie parece importarle la riqueza ecológica de Canarias (con gran cantidad de especies animales y vegetales únicas) si no puede sacar beneficio de ella.

El actual modelo turístico dominante, que mueve masas a grandes distancias, tiene graves consecuencias sociales y medioambientales, no sólo en los lugares de destino sino en el conjunto del planeta. Asimismo, el turismo es dependiente de otras actividades que conllevan perjuicios ambientales, como el transporte motorizado nacional e internacional, la explotación de fuentes de energía no renovables o la construcción sin freno. La visita masiva a diferentes zonas conduce a la sobreexplotación de las mismas, desequilibrando los ecosistemas.

Nos gustaría destacar que el impacto que podría tener un vertido en estas islas, no es sólo una pérdida a nivel económico, ni medioambiental, que lo sería y enorme, sino también a nivel humano, pues el 80% del agua utilizada en Fuerteventura y Lanzarote proviene de agua del mar desalada químicamente. En este contexto, el desarrollo de una industria petrolífera en las costas de Canarias no traería sino la posibilidad de un desastre ecológico cuyas repercusiones en las islas más próximas a las plataformas de extracción, fijas o móviles, serían catastróficas para la vida humana. Sumando el factor de profundidad marina existente en la zona de potencial extracción (que obligarían a excavar por debajo de los 3.500 metros) a las actividades volcánicas submarinas presentes en la zona (pues no se puede obviar el origen volcánico de las Canarias), conforma un panorama bastante realista del peligro al que se expone la población de las islas por la codicia humana.

Para terminar y a modo de conclusión, queremos resaltar una vez más que no creemos que la solución pase por explotar todos los yacimientos que nos rodean, ya sean de gas/petróleo, minerales, acuíferos… sino por una reducción del consumo humano. Concretamente la reacción de combustión de los hidrocarburos genera CO2, ese gran amigo del efecto invernadero que aumenta el calentamiento global, favoreciendo que el calor generado por la radiación solar que se refleja en la tierra se quede en ella al no poder atravesar la capa de este gas que nos rodea. Los efectos presentes y futuros del aumento de la temperatura no son ninguna novedad y repetimos, para no variar, que no basta con promover las energías “limpias”, que también tienen su lado negro, sino por plantearnos qué es lo que realmente necesitamos y dejar de consumir por consumir, rompiendo el círculo que destroza cada día un poco más nuestro verdadero sustento, la tierra.

Más información en el artículo “¿Equiparará el petróleo Canarias a Noruega?” de José Ángel Hernández en internet.

Repsol-YPF ha tenido varios procesos judiciales con comuni- dades mapuches, como por ejemplo con la Comunidad Payne- mil, por contaminar aire, suelo y agua de la zona donde se asienta dicha población, el área de Loma de La Lata (a 90 km al noroes- te de la ciudad de Neuquén, en la Patagonia argentina).