¿Qué está en juego en las protestas rumanas?

Durante un par de semanas del mes pasado, pudimos ver por televisión imágenes de grandes manifestaciones en Bucarest. “El gobierno quería legislar a favor de los corruptos”, poco más parecía que fuéramos a sacar en claro. Pero no todo es tan sencillo, de modo que nos planteamos buscar algo más sobre este asunto, para estar más al día de nuestro entorno más o menos cercano. En un intento de aproximación a dicha realidad (un intento parcial y del que podemos compartir, o no, ciertas partes del análisis), damos espacio al siguiente artículo de opinión, una traducción de un texto bastante informativo publicado el pasado 7 de febrero en la página web izquierdista LeftEast bajo el título de “What is at stake in the Romanian Protest”, y escrito por el periodista rumano Florin Poenaru.

La decisión del gobierno socialdemócrata de aprobar un decreto urgente que prácticamente despenalizaba la corrupción y otras conductas relacionadas, llevó a más de medio millón de rumanos a las calles desde la semana pasada. El gobierno erró en aprobar dicho decreto. No hay ninguna duda de que uno de los más beneficiados por esta medida sería Liviu Dragnea, el líder del partido Social Demócrata (PSD) y presidente de la Cámara, que se encuentra actualmente bajo una acusación de abuso de poder. Su caso está aún pendiente. El argumento esgrimido por el gobierno de que tenía que aprobar este decreto con visos a respetar una decisión previa del Tribunal Constitucional rumano no se sostiene. Ni tampoco el otro argumento que arguye que el decreto servirá para paliar la sobrepoblación carcelaria. Si se aplica, sólo beneficiará a los empleados de cuello blanco de la burocracia estatal, no a los pobres acusados de delitos menores. La medida provocó desafección incluso entre parte de aquellos que votaron a los socialdemócratas en las pasadas elecciones. Para ellos, como para muchos otros rumanos, la clemencia actual con los políticos condenados se entiende como injusta. La forma en que el gobierno realizó este movimiento -a toda prisa y sin transparencia- sólo empeoró las cosas.

Por qué el PSD actuó con tanta prisa en este caso y por qué lo hicieron justo tras su reciente victoria en las elecciones, que les posibilita un mandato fuerte, son cuestiones secundarias, y probablemente irrelevantes. Podemos suponer la desesperación de Dragnea, como también se ha podido observar su manera determinada de hacer política, unas formas que le acompañan desde sus orígenes en la política local. Igualmente, en la forma en que todo esto se hizo y se comunicó, se percibe una clara carencia de cuadros dentro del partido. Incluso Dragnea, que pareció alcanzar la figura de un político de alto calibre durante la reciente campaña electoral, debido en gran medida a la debilidad de la oposición, aparece ahora como uno más del montón. Tras las elecciones, cometió una serie de errores, entre ellos participar en el acto de investidura de Trump. Para ser exactos, ni siquiera era un invitado, sino que tuvo que pagar alrededor de un millón de dólares, como reprodujo la prensa, y todo ello para hacerse unas cuantas malas fotos con las que jactarse en Facebook. Después, tras la presentación del decreto y la explosión del conflicto, sólo pudo declarar que no tenía ni idea de lo que éste implicaba. Esta posición contradictoria del lider del partido fue acompañada por el completo silencio de la mayoría de sus miembros. Con una o dos excepciones, no se escuchó ninguna voz discordante.

Como reacción a todo esto, son muchas las personas bien intencionadas, con toda justicia, tomaron las calles. Cuando no estás de acuerdo con lo que el gobierno hace, debes protestar. Sin embargo, no se puede negar que estos manifestantes no sólo estaban en contra de los planes del gobierno, sino también a favor de ciertas instituciones estatales, de poder y represión, así como del presidente Iohannis. Los manifestantes reclamaban que se continuara con la campaña anti-corrupción, independientemente de los problemas inherentes y bien documentados que ésta ha acarreado, de su naturaleza política visible y de sus excesos. ¿Una protesta contra los abusos del gobierno, pero que descuida los abusos de la guerra contra la corrupción? Las actuales protestas fueron precedidas por la revelación de que el General Coldea, el segundo al mando del Servicio de Inteligencia Rumano, un sólido pilar de la campaña anti-corrupción, tuvo que dimitir tras conocerse sus relaciones con un senador acusado de corrupción. Lo que ha distinguido el carácter partidario de estas protestas ha sido su doble rasero en ciertos ámbitos.

La indignación es normal y las protestas naturales. Pero nos estamos encontrando ante una situación complicada. Los manifestantes contra el PSD dieron vida a una amplia coalición en la que mucha gente bienintencionada y decente ha acabado de la mano con todo tipo de oportunistas – como en otras tantas ocasiones. El hecho de que los políticos de la oposición se unieran sólo empeoró las cosas. Como ya sucedió en el pasado, el PSD consiguió revivir a la derecha moribunda. Más aun, la estética de las protestas, su parafernalia, las banderas nacionales y el recurrente canto del himno nacional – a pesar de sus eslóganes ingeniosos y creativos – tienen un claro tufo derechista. El decreto gubernamental y las reacciones callejeras redujeron al mínimo las escasas posibilidades de re-articulación de la izquierda local. Más si cabe, las primeras víctimas de las protestas fueron las pocas voces izquierdistas del PSD que están ahora desacreditadas por su silencio.

Más allá del caso puntual de este decreto, se puede entrever un claro patrón de actuación. Una fracción de la población, para quienes el PSD representa al diablo, la “plaga roja”, se lanza a las calles. Durante los últimos cinco años, se han sucedido protestas contra el PSD casi cada año: 2012 (verano), 2013 (Rosia Montana), 2014 (durante la campaña de elección de Iohannis), 2015 (Colectiv), y ahora, en 2017, después de que el PSD obtuviera la mayoría parlamentaria. De este modo, como deja claro el periodista Horatiu Pepine, estas protestas llegan también como una reacción a la victoria electoral del PSD – han sido una pataleta al aire. El PSD ganó no sólo por el aumento de votos obtenido, si también por la falta de apoyos de la oposición. El decreto ha provocado fuertes reacciones contra el PSD como partido, pero también, como podríamos esperar de la dinámica de estos años, contra los votantes del PSD. Esto es un peligro permanente: detrás de la indignación contra el PSD y sus acciones, acecha el espectro del odio hacia sus votantes. Costi Rogozanu explicó muy bien cómo detrás de la oposición “metropolitana” residen una serie de intereses de clase y, especialemente, una historia desconocida de abusos legales en beneficio del capital, ya sea grande o pequeño, local o global. La guerra contra la corrupción no se dirigió a ellos (ni pudo haberlo hecho), así como nunca ha considerado los efectos dramáticos para la mayoría de la población que tuvo la transición post-soviética.
Tal y como pinta la situación, parece que tenemos una confrontación entre un PSD corrupto y la gente, o al menos lo mejor de la población (siendo la peor parte de la misma la que votó al PSD, claro). La indignación como resultado de este decreto y las protestas en las calles sólo refuerzan esta impresión. Pero la confrontación real es de otra naturaleza, de una más seria. Estamos en un momento político muy concreto en el que el PSD todavía representa la expresión política de los intereses y aspiraciones de una parte de la población. Sus oponentes no consiguieron dar una expresión política a sus propios intereses, o si la dieron, es una irrelevante en el actual juego parlamentario, y, lo que parece peor, no parece que ni siquiera les interese. Más bien, parece que pretenden imponer sus intereses de manera directa sobre el Estado, sin la mediación de las elecciones. El cántico “Yo voté DNA!” (Dirección Nacional de la Lucha contra la Corrupción) no es sólo una fórmula periodística, sino también una expresión de esta útima espectativa de que ciertas instituciones estatales se conviertan en portadoras de la voluntad popular fuera del sistema electoral. En esta situación, el apoyo popular va directamente de las calles a las instituciones. De modo que los manifestantes no son simplemente anti-PSD, pero, implícitamente, están a favor de ciertas instituciones estatales. Es una situación sin casi precedentes, en la que los oponentes de un gobierno no están tratando de poner a sus propios políticos en su lugar, sino que quieren que éstos caigan para que no obstaculicen las actividades de otras instituciones estatales.

El gobierno tecnocrático de Dacian Ciolos, junto con su aspiración de mantenerse como Primer Ministro sin converger a las elecciones, son elocuentes en este sentido, pero no los elementos principales. La autonomía de la policía y el resto de fuerzas represivas del Estado, así como su desacoplamiento completo de todo control político y público son mucho más significativos. De hecho, son una rama de las instituciones estatales, una constelación de instituciones ligadas por múltiples relaciones invisibles (que violan y, a veces, se mezclan con la ilegalidad), que no son sometidas a ningún control político, ni siquiera a una supervisión independiente. Ahora mismo, parece que incluso el presupuesto nacional puede ser sacado del campo de la política a uno en el que el control de éste último está suspendido, con especial atención a los presupuestos de los servicios secretos.

La víctima colateral de todo esto es, cómo no, la democracia en su sentido más liberal-burgués. Es bizarro entonces que aquellos que hicieron carrera defendiendo la democracia estén ahora callados frente a esta situación. Durante estos últimos años, el principio de división de los poderes estatales se ha visto anulado (la rama legislativa ha sido desestructurada, su control sobre el poder judicial no existe). Más si cabe, estamos viendo una ruptura dentro del poder ejecutivo (entre la oficina del presidente y el gobierno). Las instituciones están ahora organizadas en dos ejes: por un lado, la oficina del presidente y la aplicación de la ley, por otro lado, el gobierno y sus sub-instituciones. No es casualidad que tan pronto como el decreto fue aprobado, el presidente Iohannis se dirigió al Consejo Superior Judicial con la intención de encontrar una solución común con la que frenar el proyecto. Ésta es, de hecho, la principal contradicción en la política rumana, una a la que el resto de contradicciones se subordinan – y acaban convirtiéndose, en última instancia, en irrelevantes. Esta contradicción se hace patente también en las protestas callejeras, convirtiéndolas, inevitablemente, en una fuerza de apoyo al eje del presidente.

Sí, hay que oponerse a las decisiones. El problema es que las protestas no solucionan el principal problema. La situación parece estar en un punto muerto. En un lado, tenemos al PSD, representando a los políticos de las pequeñas y medianas ciudades provinciales, caracterizados por la complicidad local, los clanes, las familias, una alta jerarquización, basado todo ello en una lealtad incondicional, intolerantes contra todo tipo de disidencia o contra-opinión, generosos hacia sus miembros e implacables hacia sus enemigos, conservadores y racistas. Lo que no representan es a los pobres (que son guetizados y excluidos de lo público, especialmente en las pequeñas y medianas ciudades), ni siquiera a los más precarios proletarios. Representan a la pequeña burguesía de las ciudades provinciales y sus trabajadores de cuello blanco. El PSD trabaja como una mínima seguridad social para ellos, garantizando un sistema muy patriarcal de redistribución de los frutos del subdesarrollo. En el polo opuesto, las instituciones coercitivas del estado, cada vez más autónomas del control del gobierno y conducidas y pobladas por burócratas de carrera, que tienen salarios mensuales que les sitúan el top 5%. No se encuentran bajo control popular, y no creen precisamente en las instituciones formales democráticas ya que, a través de éstas últimas, las clases populares pueden aupar al poder a políticos corruptos.

Sin embargo, lo que está detrás de esta oposición es, como siempre, la clase. Los socialdemócratas prometieron incrementar el salario mínimo, las pensiones, recortar impuestos a los segmentos más pobres e aumentar (mínimamente) los gastos sociales. Tendrán que equilibrar estas medidas repensando la fiscalidad, especialmente mediante la supresión del impuesto único y gravando a los segmentos más ricos y a los ingresos empresariales. Ante estas perspectivas, no es tan sorprendente que trabajadores de las grandes corporaciones, y especialmente sus jefes, estén en las protestas callejeras. A bastante gente en las corporaciones de Bucarest se les ofrecieron días libres para que pudieran mantenerse hasta tarde en las protestas contra el gobierno. McDonalds dio té gratis para que los manifestantes se mantuvieran calientes e hidratados. El director local del Banco Raiffeisen, un banco acusado de engañar a decenas de miles de rumanos a través de cláusulas abusivas en sus contratos, trajo a su familia a las protestas. Los periodistas y otros expertos en medios de comunicación, que en el pasado ya calificaban las medidas sociales del gobierno como un gasto imprudente, sintonizaron y agregaron sus mensajes contra el gobierno. No es de extrañar que, en este contexto, las protestas pronto tornaran de una demanda específica de sobre el decreto, a la exigencia de la renuncia del gobierno en bloque.

Por último, recordar que el 5 de febrero, el día con un mayor número de gente en las calles, el gobierno se echó para atrás y canceló el decreto. Optaron por un procedimiento parlamentario común para tratar de llevar a cabo los cambios que desean realizar. Del mismo modo, el escándalo político se introdujo en el parlamento donde ya se están discutiendo los presupuestos del año que viene. Tras la decisión del gobierno, los manifestantes aún salieron a la calle, pero su número disminuyó significativamente y la energía es definitivamente más baja. La contra-manifestación que comenzó ayer en contra del Presidente del país y en apoyo al gobierno, que nunca alcanzó los 1.000 participantes, parece que decaerá incluso antes. Por ahora, la turbulencia política parece estar calmándose, pero las líneas sociales y políticas de fractura están todavía visibles y más profundas que nunca. Estas protestas únicamente las han magnificado y sacado a la luz brevemente. Que estos antagonismos vuelvan a explotar es sólo cuestión de tiempo.

Comparte y difunte
Archivado en: Artículos Etiquetas: , , ,

Te podría interesar:

Manifestación 5N: Respeto y libertad para los animales. Luchemos hasta el fin del especismo Manifestación 5N: Respeto y libertad para los animales. Luchemos hasta el fin del especismo
¿Quieren acabar con todo? No, ¡nosotras/os queremos acabar con todo! Balance y reflexiones sobre las movilizaciones del mes de julio ¿Quieren acabar con todo? No, ¡nosotras/os queremos acabar con todo! Balance y reflexiones sobre las movilizaciones del mes de julio
La toma del Liceo como ejemplo de lucha estudiantil en Chile La toma del Liceo como ejemplo de lucha estudiantil en Chile
Ante la visita del Papa a Madrid Ante la visita del Papa a Madrid

Deja un comentario

Enviar comentario

© 2017 Todo Por Hacer. Todos los derechos reservados. XHTML / CSS Valido.
Diseñado por Theme Junkie.